martes, enero 25, 2022
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Fiscalía veracruzana, entre las 5 peor calificadas del país

Disminuyó la posibilidad de esclarecer un delito en México, afirma Impunidad Cero

Orizaba, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) se coloca como una de las cinco peor calificadas en el país, su incompetencia contribuye a que los índices de esclarecimiento de delitos en todo el país, baje a 1 por ciento de los delitos que se denuncian, “la procuración de justicia sigue estancada; no hay respuesta a la demanda de la población de reducir los altos niveles de impunidad”, señala Impunidad Cero, organización no gubernamental en su informe del mes de noviembre.

Esta agrupación afirma que la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra entre las cinco peor evaluadas en todo el país, solo por arriba de Morelos y Puebla. El documento, disponible en la página web: https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=161&t=comunicado-disminuye-la-probabilidad-de-esclarecer-un-delito-a-1, presenta la nueva edición del “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías (IEDF) 2021”, instrumento que “evalúa cómo están funcionando las instituciones de procuración de justicia en el país, mediante el análisis de indicadores de estructura, operación y resultado”.

En esta edición, se lee en el documento digital, “debido a la necesidad de crear mecanismos digitales de acceso a la justicia, se agregó un nuevo indicador de transformación digital. Esta investigación revela que es fundamental continuar mejorando las procuradurías y fiscalías, ya que representan el cuello de botella de nuestro sistema de justicia”. Asimismo, precisa, “hay un análisis de los procesos de selección de fiscales y procuradores [que] muestra la necesidad de mejorar estos procesos e incluir la participación de consejos ciudadanos en la elección. Esto con el objetivo de contar con fiscalías verdaderamente autónomas de cualquier poder y que sus titulares no puedan ser removidos cada cambio de gobierno”.

El informe además revela que por primera ocasión la de Nuevo León se convierte en la Fiscalía mejor evaluada, seguida de Yucatán, Chihuahua, Guanajuato y Sonora; en contraparte, Puebla se encuentra en el último lugar del Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías, seguido de Morelos, Veracruz, Nayarit y Oaxaca.

La probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México bajó a solo 1 por ciento, “cuando en 2019 se encontraba en 1.32 por ciento; a nivel nacional, la efectividad en la resolución de carpetas de investigación disminuyó de 19.4 en la edición 2019 a 15.5 en esta nueva edición; por el contrario, de 2016 a 2020, la confianza en las instituciones de procuración de justicia aumentó 12.4”. Al mismo tiempo, la tasa de fiscales y agentes del Ministerio Público por 100 mil habitantes aumentó 23 por ciento de 2016 a 2020, lo que se traduce en una disminución de 12.6 por ciento de la carga de trabajo; “Nuevo León también encabeza el Índice de transformación digital, seguido de Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán; mientras que Nayarit se encuentra al fondo de la tabla, seguido de Morelos, Baja California Sur, Tlaxcala y Jalisco”.

Durante la presentación, Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero, resaltó la importancia de contar con información transparente y lo más actualizada para poder evaluar el desempeño de las instituciones de procuración de justicia en el país. 

Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, directora de la fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, comentó que a pesar de las tendencias positivas “este tipo de estudios resalta la dura realidad de tener un país lleno de impunidad en el que es necesario eliminar malas prácticas de estas instituciones e incluir a las víctimas como las mejores aliadas en la investigación de los delitos”.

Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, consideró que también se tienen que tomar en cuenta las características de cada estado, como las necesidades territoriales y de la población, además sostiene que es fundamental que las fiscalías cuenten con verdadera autonomía tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo para poder realizar investigaciones eficientes y que se involucren cada vez más organismos ciudadanos en los procesos de selección de los titulares”. 

En resumen, explica, “la procuración de justicia en México ha avanzado en diversos aspectos, pero sigue estancada en una efectividad que sigue sin poder dar respuesta a la demanda de la población de reducir los altos niveles de impunidad. Es fundamental que los gobiernos estatales, las fiscalías y procuradurías emprendan una verdadera lucha contra la impunidad que vaya más allá de la retórica y que dé respuestas reales para mejorar el acceso a la justicia de las personas”.

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