Agencias
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU advirtió en su informe que presentó este día sobre su visita a varios estados de México, entre ellos Veracruz, que un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre 2 % y 6 %, son judicializados, y sólo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.
“A ello se suma la actitud, pasiva muchas veces, de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público. Lo anterior contribuye a la notable falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados”.
El informe que fue presentado este lunes advierte que la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto.
“La impunidad, además, opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas. Como una víctima expresó durante la visita: ‘de fe y esperanza vive el ser humano, pero habiendo injusticia su alma nunca descansa’. La lucha contra la impunidad de las desapariciones en México es, por tanto, impostergable”. señalaron.
El Comité denunció que los responsables del crecimiento de las desapariciones en México son los servidores públicos, tanto del ámbito federal, estatal y municipal, como el crimen organizado, al que considera perpetrador central de las desapariciones.
Durante la presentación del informe sobre la visita que realizaron del 15 al 26 de noviembre de 2021, el órgano de expertos independientes instó a tomar acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a instaurar una política nacional que sirva para prevenir esta tragedia humana.
“El Comité urge al Estado a la adopción e implementación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones que aborde el conjunto de observaciones y recomendaciones presentadas en su informe por el Comité”, destacó su presidenta, Carmen Roda Villa Quintana.
El análisis del Comité concluye que las desapariciones forzadas son “una situación o cuestión generalizada” e indicó que a 26 de noviembre el número de personas registradas que fueron víctimas de ese delito ascendía a 95 mil 121; 112 de ellas durante la visita del Comité.
Roda Villa Quintana indicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres de 15 a 40 años, aunque se advierte que las cifras oficiales reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años, pero también se debe incluir a los adolescentes y a las mujeres.
La experta añadió que “se trataría de desapariciones que tendrían como objeto ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”.
También mostró su preocupación por la desaparición de los defensores de los derechos humanos y de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ya que “ninguna de estas personas ha sido localizada y las investigaciones y las sanciones a los responsables no han tenido avances”.
Del mismo modo, el Comité consideró de “particular preocupación” la victimización de las mujeres ya que durante las desapariciones son las que se quedan a cargo de las familias y se encargan de la búsqueda de sus seres queridos por sus propios medios.
El Comité también expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
Además, el Comité tomó nota de que, a pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
En sus recomendaciones, el Comité identificó medidas que el Estado parte debería tomar para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas. El Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
El Comité también hizo un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el Comité.
“La desaparición forzada en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad”. El Comité reitera su compromiso inquebrantabl
