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Emiten declaratoria de emergencia ecológica en planta de tratamiento de Alto Río Blanco

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La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) emitió declaratoria de emergencia ecológica en la planta de tratamiento de aguas residuales de Alto Río Blanco, en el municipio de Ixtaczoquitlán, que operaba la empresa con capital japonés Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, sin cumplir con la normativa y causando daños al ambiente y a la salud de los pobladores. 

La dependencia impuso una multa de 829 mil pesos tras una inspección en la que encontró la presencia de ácido sulfhídrico en cantidades fuera de valores límites de exposición, por lo que determinó que representa un riesgo a la salud del personal que labora en la planta y la población cercana. 

“Alertamos de la presencia de este gas en la periferia de la planta, afectando a niñas y niños que asisten diariamente a clases y violentando así el derecho a un medio ambiente sano”, señala en la declaratoria. 

A menos de 100 metros se ubican las escuelas Primaria Federal “Rafael Castañeda”, la Secundaria Técnica Industrial 74, el Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 192, así como el parque recreativo, y las autoridades escolares habían solicitado la intervención de la PMA por afectaciones detectadas entre sus estudiantes. 

En la declaratoria se advierte que la PMA determinó que se produjo un daño al ambiente y a la salud pública debido a la falta de mantenimiento y mala operación de la planta, lo que ha provocado que actualmente se encuentre en condiciones precarias debido al daño causado por la corrosión del ácido sulfhídrico y la lluvia ácida que se deriva de este gas. 

A partir de ahora la dependencia a cargo de Sergio Rodríguez Cortés se hará cargo de la operación de esta planta de tratamiento e instruyó al Fideicomiso del Sistema de Aguas Residuales del Alto Río Blanco (Firiob) continuar con el procedimiento de rescisión del contrato de prestación de servicios. 

Ordenaron a empresa remediar afectaciones, pero incumplió 

El 18 de mayo de este año la PMA exigió a la empresa “realizar medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales”, tales como reparar los canales que conducen las aguas, sellar los canales en el área de salida y la laguna de homogeneización; e implementar un sistema de monitoreo permanente de ácido sulfhídrico de manera inmediata. También ampliar la planta de tratamiento utilizando métodos alternativos sustentables; designar a un operador de la planta calificado; instalar un proceso de remoción de metales pesados; implementar un sistema de monitoreo de metano y amonio; rediseñar el sistema de reactores aerobios y anaerobios y tramitar su permiso de descarga de aguas residuales ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

El 12 de julio de 2023 se dictó resolución al expediente PMAVER/DJ/EXP-543/2019 y se estableció una sanción por 8 mil unidades de medida y actualización (UMA); es decir, 829 mil 920 pesos. Pese a ello, la empresa no acató ninguna de las instrucciones.

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