El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó un presunto daño patrimonial por más de 39 millones de pesos durante el primer año de gobierno de Patricia Lobeira Rodríguez en el ayuntamiento de Veracruz. De acuerdo con el resultado de la auditoría a la Cuenta Pública del año 2022, el ayuntamiento de Veracruz enfrenta serias observaciones en su manejo financiero.
El presupuesto municipal de Veracruz asciende a más de 2 mil 500 millones de pesos anuales, lo que destaca la importancia de una gestión financiera adecuada y transparente. Se identificaron cinco observaciones en total. Cuatro de ellas no han sido solventadas, mientras que una fue resuelta por el ente auditado. Por ejemplo, no pudo justificar un pago de 25 millones de pesos relacionado con la contratación de una empresa para gestionar bonificaciones derivadas de créditos a favor.
Otra observación se refiere a un gasto de 11 millones 944 mil 937 pesos por “arrendamiento de parque vehicular para las diversas áreas”. En este caso, el ayuntamiento no proporcionó los instrumentos de control necesarios ni especificaciones que justificaran estos gastos.
Cabe recordar que su cuñado, Fernando Yunes Márquez, quien estuvo al frente del cargo de 2018 hasta 2021, acumuló un daño patrimonial de más de 160 millones de pesos, el cual no ha sido solventado.
Primero su imagen
La administración de Lobeira Rodríguez entregó un contrato de servicios profesionales por concepto de “Servicio de encuestas y entrevistas en línea para conocer la percepción ciudadana de las actividades y servicios gubernamentales”, pero no proporcionó los reportes mensuales requeridos, lo que conlleva un presunto daño patrimonial de un millón 276 mil pesos.
Del mismo modo, se adquirieron servicios profesionales para la “plataforma CRM y plataforma multicanal para atención del contribuyente”, pero no se presentó el soporte que acredite la adjudicación directa, lo que sugiere un daño de un millón 995 mil 200 pesos.
Finalmente, destaca el pago de 25 millones 9 mil 193 pesos 21 centavos a la empresa Wardenclyffe Veracruz Puerto SAPI de CV, por bonificaciones derivadas de créditos a favor otorgados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el servicio de energía eléctrica no fue debidamente justificado ni respaldado con documentación adecuada.
Estas observaciones y presuntas malversaciones plantean preocupaciones sobre la gestión financiera del ayuntamiento de Veracruz y la necesidad de abordar estas irregularidades de manera oportuna y efectiva.
Omite supervisar al Grupo MAS
El ayuntamiento de Veracruz ha sido señalado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por su falta de supervisión en el cumplimiento de las obligaciones del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento SAPI de CV (Grupo MAS). Según el análisis de los preceptos legales, el ayuntamiento tiene la responsabilidad originaria de garantizar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
La observación número L-193/2023/005, emitida por el Orfis, no ha sido solventada y pone de manifiesto la falta de acción por parte del ayuntamiento porteño. Los trabajos de revisión se llevaron a cabo desde el 19 de julio de 2022 hasta el 06 de junio de 2023.
El informe revela el incumplimiento por parte del ayuntamiento de Veracruz de sus obligaciones en relación con la Cartera Litigiosa durante los ejercicios fiscales de 2017 a 2021. No tomó las medidas necesarias para el cobro de esta cartera litigiosa y no proporcionó pruebas que respaldaran los cobros realizados en ese periodo.
Además, no cumplió con su deber de obtener recursos de fuentes de financiamiento alternativas. La justificación proporcionada para este incumplimiento carece de fundamento y motivo, ya que no se presentaron pruebas que respaldaran las condiciones de procedencia para esta acción.
Otra observación destacada es la falta de acciones por parte del ayuntamiento para mantener en vigor los permisos, licencias, registros o autorizaciones necesarios para la prestación de los Servicios Concesionados durante los ejercicios fiscales de 2017 a 2021.
Cabe recordar que Grupo MAS obtuvo su concesión en 2016, tras las protestas de los habitantes de Jalcomulco en 2015, que evitaron la construcción de una presa en el río Los Pescados por parte de la transnacional Odebrecht. La concesionaria, filial de ésta, asumió la operación del servicio de agua potable en la zona conurbada Veracruz-Medellín de Bravo por 30 años.
En resumen, el informe del Orfis pone de manifiesto que el ayuntamiento de Veracruz no ha ejercido una supervisión efectiva sobre el Grupo MAS y no ha cumplido con sus responsabilidades en relación con la Cartera Litigiosa, la obtención de recursos financieros adicionales y el mantenimiento de las autorizaciones necesarias. Esta situación plantea interrogantes sobre la gestión y la responsabilidad del ayuntamiento en relación con los servicios de agua y saneamiento en la región.
