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Daño patrimonial en institutos de educación superior ascendió a $336 millones en 2019

El daño patrimonial de institutos y universidades tecnológicas de Veracruz por el esquema de la estafa educativa suma 336 millones de pesos solo en 2019, informó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos 

En entrevista informó que se interpondrán cuatro denuncias en contra de los institutos y una universidad por replicar este esquema que consideró perverso durante el gobierno de Cuitláhuac García. 

El mecanismo de desvío fue identificado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como fraude desde 2014 en el país y consiste en que la universidad o instituto firma un convenio de prestación de servicios con una dependencia federal, se queda con un porcentaje y el resto lo transfiere a una empresa que hará los servicios, esta a su vez lo distribuye en una red de empresas, algunas no localizables hasta desaparecer el dinero.

La investigación “La estafa educativa de Veracruz”, reveló que en la entidad ocho institutos tecnológicos firmaron 31 contratos con una decena de dependencias federales que terminaron en el desvío de al menos 800 millones de pesos. Una red de más de 30 empresas fue utilizada para triangular recursos, algunas de ellas no pudieron ser localizadas. 

El desvío ocurrió durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Javier Duarte, siguió con Miguel Ángel Yunes de Acción Nacional (PAN) y continuó en el gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 

El Orfis interpuso ya cuatro denuncias en contra del Instituto Tecnológico Superior (ITS) de Jesús Rodríguez Clara, Alvarado, Perote y la Universidad Politécnica de Huatusco, por desviar más de 130 millones de pesos en las cuentas públicas de 2017 y 2018, durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares. 

A estas denuncias se sumarán cuatro por repetir el esquema en 2019, ya con el gobierno de Morena. 

¿Cómo fue posible esto? 

En su consideración el desvío fue posible porque venía directamente de la Federación y los directores de los institutos confiaron en él. “Si la Federación quiere hacer convenios de capacitación, cualquier persona debería decir sí, hay que hacerlo, al final pues se vio que eran actividades irregulares”. 

Explicó que las auditorías detectaron que los institutos no pudieron acreditar los servicios, las empresas no existían, pero además que desde un principio se hubiera señalado a qué empresas había que contratar, aunque el contrato no lo permitiera. 

Delia González, quien llegó al Orfis en septiembre del 2019, advierte que los auditores tienen en el radar el mecanismo de desvío de las instituciones educativas y no fue detectado en la Cuenta Pública 2020, pero se está revisando la 2021 para descartar su presencia. 

Alertó que los institutos, al ser organismo públicos descentralizados, no tienen un órgano de control interno, por lo que tendrá que ser la Contraloría General del Estado (CGE) quien investigue y deslinde responsabilidades. “Pienso que en los niveles altos había desconocimiento, pero sí hay que investigar otros niveles. Cuando llega este gobierno hubo cuadros que fueron traídos, ya habían participado en la administración pública que era conocedora de procedimiento que no siempre fue la mejor, pero sí recuerdo que nos alertaron, nos dijeron tengan cuidado con quienes están contratando, con empresas fantasma, estuvo clara la advertencia, que no pase aquí, pero hubo quien se durmió en sus laureles y esto sigue ocurriendo”. 

Lamentó que a pesar de que los informes de funcionarios señalados por faltas administrativas son públicos, hay varios de ellos que siguen laborando en puestos donde manejan dinero en el gobierno actual. “No hay comunicación entre las áreas, eso es una realidad”. 

Hay funcionarios que piensan que la confianza es un elemento suficiente para la contratación de personas en puestos clave, “cuando se necesita la competencia, debe estar la gente capacitada con el perfil adecuado”. 

La ASF tiene abiertas tres carpetas de investigación por el desvío millonario en el ITS de Cosamaloapan durante el gobierno de Javier Duarte, el Orfis abrió cuatro carpetas por el desvío de más de 136 millones de pesos de cuatro Institutos Tecnológicos durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 

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