El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y 22 mandatarios estatales más hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que reconsidere declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, pues consideraron que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad pública y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas.
Al dar a conocer el posicionamiento de los gobernadores, el veracruzano refirió que atender los criterios de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese rubro vulneraría la propia Constitución Política del país.
“Nos pronunciamos en calidad de amicus curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la SCJN a efecto de que considere el principio de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales”, expuso.
Durante su conferencia de prensa de este jueves, el mandatario dijo que si bien las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son vinculantes, éstas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de la Constitución previo pronunciamiento de la Suprema Corte.
“Resulta de suma importancia mantener el equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra soberanía, soberanía y ordenamiento jurídico interno”.
Abundó que la figura de prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar el responsable que quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.
Y que la restricción que se pretende declarar inconstitucional se refiere a delitos de alto impacto y de repercusión social que en su momento fueron considerados como graves, y en los que el Ministerio Público sólo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
“Sólo en esas condiciones precisas el juez ordenará la prisión de forma preventiva de forma oficiosa. De otorgarle preferencia a una norma de carácter internacional sobre el derecho interno se traduciría en afirmar que un tribunal contencioso del ámbito internacional tendría el alcance de inaplicar una norma de rango constitucional.
Además, los mandatarios señalan que el procedimiento constitucional para modificar o enmendar su contenido por lo que les pedimos observancia estricta del artículo 135.
Activan búsqueda de ciudadanos de Actopan no localizados
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que se encuentra activo el protocolo para dar con los cinco campesinos no localizados de Actopan, desde que se dio el reporte por familiares, en coordinación de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“Entramos a reforzar lo que estaba haciendo la Fiscalía General del Estado”, afirmó, sin dar mayor detalle sobre la posible causa de la desaparición que, de acuerdo con medios de comunicación, apunta a una disputa por terrenos, que ya había escalado a un proceso legal.
Se trata de Jesús Cervantes Grajales, José Juan Montiel, Lorenzo Ortiz Báez, David Hernández Aguilar y Rafael Montiel Cervantes, originarios de la localidad Santa Rosa.
“Estamos en el protocolo de búsqueda, que es lo importante; es lo que interesa ahorita”, aseveró.
Certifican a personal de la CEB en búsqueda de personas
Personal de CEB de Veracruz recibió competencias y conocimientos en torno a instituciones, marco jurídico, reglamentos y protocolos, normas de atención a víctimas, técnicas de entrevista, escenarios de búsqueda forense y en vida, análisis de contexto y herramientas para el manejo del estrés y autocuidado.
Lo anterior, en cumplimiento de las leyes General y Estatal en materia de desaparición, las cuales estipulan como obligatorias la capacitación y la certificación, pues la búsqueda de personas no localizadas ha sido una de las prioridades en la entidad.
Se trata de la segunda edición de un diplomado coordinado por la comisión estatal con apoyo de la nacional, de 120 horas, impartido por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Regional Golfo (Ciesas-Golfo).
