Emir Olivares Alonso
Cali, Colombia.- Latinoamérica, en especial Colombia y México, han sido víctimas, que no victimarios, de la fracasada política de guerra contra las drogas en la región lanzada por Estados Unidos desde hace 50 años.
Frente a esto, los gobiernos de ambos países suscribieron el compromiso para emprender nuevos paradigmas en la atención a este flagelo basados no en atacar la oferta con militarización y “guerrillas”, sino las causas que llevan al consumo; además de sumar a esta lucha al resto de América Latina y el Caribe.
Al cerrar los trabajos de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, convocada por la administración colombiana y a la que se sumó la mexicana, los presidentes Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador se refirieron, con sus matices, a la fallida estrategia de guerra para enfrentar el tráfico de narcóticos y la criminalidad generada por los cárteles trasnacionales.
El presidente anfitrión rememoró que su nación fue el enclave donde hace cinco décadas, por dictado de Richard Nixon, Washington emprendió la estrategia prohibicionista y armamentista para atacar la oferta. Hoy, la región sufre las consecuencias de esa política fallida que significó para Colombia una experiencia “sanguinaria y feroz”, pero que ha dejado un “problema americano” pues este periodo ha dejado un millón de muertos y miles de detenidos por delitos ligados a estupefacientes, sobre todo entre las personas de los sectores más vulnerables.
Por su parte, el presidente López Obrador celebró la iniciativa de su homólogo colombiano para convocar a esta conferencia y dejó constancia que su gobierno acompaña y coincide con las conclusiones suscritas en un documento conjunto.
Los dos líderes progresistas, los primeros con esa línea en gobernar sus países, coincidieron en que será a través del amor, del apoyo de la familia y de una renovación de los valores como se puede contrarrestar el problema del consumo, que se da sobre todo en las naciones que han avalado esa política de guerra, en especial Estados Unidos.
El documento surgido de las discusiones, donde participaron representantes de delegaciones de 17 países, especialistas, científicos, académicos y también líderes del campesinado, concluye varios puntos que buscan alternativas para la atención del problema de los narcóticos.
En un primer momento, la declaratoria conjunta reconoce el valor de las convenciones internacionales en materia de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y su tráfico. También se analizaron los acuerdos en los últimos encuentros internacionales y ver cómo se pueden ajustar a las nuevas prioridades.
Al dar lectura al escrito, la canciller mexicana Alicia Bárcena indicó que las dos naciones reiteran la necesidad de contrarrestar de manera integral las consecuencias del problema mundial de los estupefacientes y las causas estructurales primarias de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y violencia.
También plantea fortalecer los factores de protección comunitaria pero, sobre todo, lograr el tránsito hacia actividades lícitas sin renunciar al compromiso internacional de afectar el tráfico ilícito de drogas.
Para cambiar el paradigma, se implementarán políticas para reducir la demanda a través de prevención universal, selectiva e indicada, con atención a la salud mental, a sus adicciones, a la intervención temprana, al tratamiento, a la atención, la rehabilitación, la recuperación y, sobre todo, afinar los programas educativos con campañas donde participen los propios jóvenes.
Además de la “tala ilegal, la trata de personas, el tráfico ilícito de emigrantes, el lavado de activos y la corrupción”, especial énfasis pondrán en la protección al medio ambiente. “Por cada kilogramo de metanfetamina (que se produce), se generan 10 kilos de residuos químicos”.
Un punto más del documento es la necesidad de contar con la comunidad internacional.
México y Colombia acordaron también crear un grupo de trabajo de seguimiento integrado por todos los Estados de la región, “con el fin de avanzar en una construcción reflexiva y ajustada a las realidades de cada país, para abordar el problema mundial de estas sustancias ilícitas sobre la base de este documento. Y ojalá, sostuvieron, crear una alianza latinoamericana antinarcóticos, como lo sugirió Bolivia.