“Yo no soy la instancia que investiga”, contestó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al llamado del Cabildo de Perote para que intervenga en la retención del alcalde de Perote, Delfino Ortega, por parte de pobladores de Totalco e integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental.
En conferencia de prensa, el mandatario reconoció que recibió un oficio de integrantes del Cabildo de Perote en el que solicitaron su ayuda para destrabar el conflicto que mantiene un bloqueo en la carretera Xalapa-Perote a la altura de Granjas Carroll así como la retención del alcalde, pero dijo que les contestó por escrito que deben acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE).
“El ayuntamiento me dirigió un oficio, pero yo no soy la instancia que investiga o determina si hay delito ahí, yo los conmino a que se dirijan a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia. Recibí el oficio de parte de unos integrantes del ayuntamiento no todos, como tres regidores planteando esa situación. Ya instruí que se les conteste también por oficio la información que les estoy dando”, dijo.
Al cuestionarlo si enviará representantes del gobierno del estado a Totalco, indicó que se ya se había logrado la liberación del alcalde, a pesar de que el edil sigue en el sitio.
“Nosotros entablando el diálogo. Esto es lo importante, el diálogo. Habíamos acordado que se liberará al alcalde y así fue, también solicitaron seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN) están a cargo de la seguridad. Nosotros seguiremos dialogando, pero ya están en marcha; en nuestra competencia estamos haciendo lo que nos corresponde”. Agregó: “no caigamos en este tipo de provocaciones, que no se siga cometiendo otros delitos. Nosotros corroboramos que se negociara esta privación ilegal de la libertad del alcalde y lo que tuve hasta el final es que se había logrado”, dijo.
Que fiscalías investiguen excesos de Fuerza Civil: CGJ
Sobre la desaparición de Fuerza Civil, corporación que realizó el desalojo violento de los habitantes de Totalco que protestaron contra Granjas Carroll el 20 de junio y que derivó en la muerte de dos campesinos, el gobernador dijo que se tomó esta decisión “porque ya no podía seguir así”.
Indicó que serán las fiscalías las encargadas de investigar este y otros delitos en los que incurrieron elementos de Fuerza Civil y que su gobierno colaborará con la información que se le requiera. “Nosotros vamos a colaborar plenamente; nosotros, como ustedes saben, hemos dejado muy claro que no toleramos ningún exceso; por eso nos remitimos a que las fiscalías, los que están encargados de estas investigaciones judiciales la lleven a cabo a fondo; somos los más interesados en que se aclare y nos apegamos a las determinaciones judiciales que ellos hagan”.
Se le cuestionó quién dio la orden de disparar contra los pobladores que protestaron en Totalco, pero el gobernador insistió en que la posición de su gobierno se dio a conocer en el comunicado en el que se informó sobre la desaparición de Fuerza Civil.
El mandatario también dio a conocer que el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha aplicado 50 sanciones contra elementos, aunque aclaró que son de tipo administrativas por señalamientos de excesos en los que han ocurrido.
Gobierno apoyará a familiares de víctimas
El gobernador Cuitláhuac García indicó que su administración mantiene comunicación con la familia de los dos hombres asesinados durante el desalojo violento que se realizó en Totalco. Indicó que su gobierno apoyará a la familia de los hermanos Jorge y Alberto, que eran parte de la manifestación contra la empresa Granjas Carroll.
“Hemos estado en contacto con ellos, hemos hecho acuerdos y los vamos a apoyar independientemente de las resoluciones judiciales, estamos en eso y apoyándolos sin duda alguna; lamentamos mucho eso y vamos a apoyar, nos corresponde a apoyar y así lo vamos a hacer”.
Fuerza Civil desaparecerá, pero debe castigarse a la cadena de mando, exigen
Desaparición forzada, detenciones arbitrarias, actos de tortura física y psicológica, así como secuestros, son algunos de los señalamientos que desde su creación acumuló la Fuerza Civil, un agrupamiento táctico puesto en marcha en octubre de 2014 por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa y que este año cumpliría 10 años de antigüedad.
Esta semana, el gobierno de Veracruz anunció su extinción tras el violento desalojo en Totalco, donde resultaron dos campesinos muertos. Pero su actuar arbitrario no es nuevo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) realizó decenas de recomendaciones por violaciones a los derechos humanos.
Uno de los casos más emblemáticos donde participó la Fuerza Civil fue el operativo Blindaje Coatzacoalcos, que dejó más de 35 desaparecidos.
El Instituto Mexicano de Derechos y Democracia lanzó un exhorto al gobierno de Veracruz para conformar un grupo de trabajo interinstitucional para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas en el marco del operativo Blindaje Coatzacoalcos.
En un video recordaron que en 2015 al menos 35 personas desaparecieron durante la implementación del operativo Blindaje Coatzacoalcos a cargo de elementos de la Sedena, la Semar y de la SSP.
En 2018, la FGE señaló que entre 2011 y 2016, durante el periodo de Arturo Bermúdez al frente de la SSP, se diseñó una política ilegal y clandestina de combate a supuestos miembros de la delincuencia organizada.
Según la carpeta de investigación: FEADPD/ZCX/011/2017, está política consistió en detectar, detener, torturar y desaparecer forzosamente a personas supuestamente vinculadas a grupos de la delincuencia organizada.
Así fueron privadas de su libertad y se encuentran desaparecidas 15 personas (entre abril y octubre del 2013). En esta estructura participó la Fuerza Civil, por lo que fue detenido Roberto Meza, en ese entonces director de esa corporación, por desaparición forzada, aunque después fue liberado. Entrevistados sobre este tema, colectivos señalaron que el anuncio de la disolución de Fuerza Civil genera incertidumbre y preocupación ante la posibilidad de que queden impunes los casos de desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos en las que se presume participaron sus elementos.
Disolución de la Fuerza Civil debe estar acompañado de un plan
Anaís Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y acompañante de Colectivos de familiares de personas desaparecidas, aseguró que desde la creación de esta corporación en 2014 ha atentado contra los derechos humanos de la ciudadanía y que tras el anuncio de su desaparición se debe garantizar que no se afecte las investigaciones por casos de desaparición forzada a partir de 2014.
“Probablemente los casos de desaparición forzada que se llevaron a cabo en la entidad de manera más clara a partir de 2014 puedan verse afectados”.
También dijo que llama la atención que fuera la represión contra los habitantes de Totalco —en donde murieron dos personas— el detonante para la eliminación de esta corporación y no las anteriores violaciones de derechos humanos.
Añadió que el anuncio de disolución de la Fuerza Civil debe estar acompañado de un plan que permita la continuidad de la participación de activos especializados de la Fuerza Civil en las tareas de búsqueda en terreno, las investigaciones dirigidas no solo por la Fiscalía General del Estado sino por la Fiscalía General de la República, así como los procesos penales donde se hayan establecido medidas cautelares.
Advirtió que de lo contrario, si no se garantiza la sujeción de los elementos a los procesos, se corre el peligro de que se sustraigan de sus responsabilidades legales.
“Institucionalmente hablando debe garantizarse la capacidad de la Subsecretaría de Operaciones para dar seguimiento a los casos donde se vean involucrados los elementos”.
Anaís Palacios añadió que existe una preocupación latente de que esta decisión abone a la impunidad que se ha vivido por años y donde han tenido participación de manera directa los elementos operativos, así como los mandos y medios mandos que han cometido diversas violaciones de derechos humanos y diversos delitos.
“Será importante saber de qué manera el titular del Ejecutivo garantizará que la agrupación de los elementos al Mando Único garantice no solo los derechos laborales de quienes están adscritos a la Fuerza Civil, sino de aquellas personas y de la ciudadanía que se ha visto afectada por un mal actuar de estos elementos”. Y agregó que se debe conocer la postura del secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien en consecuencia de esta disolución, debe tener las condiciones idóneas para esta transición.
Fuerza Civil sólo trajo represión
La integrante del Colectivo Solecito Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, dijo que lo ocurrido en Totalco “fue la gota que derramó el vaso” ante una corporación que desde sus inicios nació “viciada”. “Se suponía que iban a traer a Veracruz una mejoría grandísima, pero trajeron represión. Se juntaron muchas agravantes y por eso decidieron deshacerse de ellos. Muchos casos de desapariciones están relacionados con ellos”.
Dijo que es urgente que todas las corporaciones sean saneadas porque en todas hay los mismos problemas, las mismas malas prácticas, la misma corrupción, no nada más Fuerza Civil.
Sin embargo, alertó que es necesario que no solo los elementos sean despedidos, sino que el propio secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, renuncie a su cargo.
“Creo que hace falta la renuncia del secretario de Seguridad Pública porque hay una falla sistemática de toda una estructura. El secretario de Seguridad Pública no logró hacer un control de todo este evento que ya tenía varios días; fallaron las diligencias, los diálogos, la diligencia de todas las instancias gubernamentales para el control de conflictos”.
Además cuestionó qué harán con los elementos de Fuerza Civil pues dijo que si los ingresan en la SSP se corre el riesgo de que también “sus malas prácticas” aumenten.
“Si ellos van a introducir en lo que ya de por sí está corrupto, a más corruptos, porque estos vienen corregidos y aumentados, entonces van a causar un problema mayor (…) Estos van a querer llevar sus malas prácticas a los demás (…) Son los que van a pagar los platos rotos. Yo creo que también debe pagarlo el secretario de Seguridad Pública, lo que ellos hicieron es imperdonable”.
