“La detención de Geyser Crespo García es a raíz de la denuncia de una niña de 14 años por violación, al tener parecido con la persona que describí lo reconocí, incluso fui personalmente al reclusorio. Él declaró que atentó contra la vida de mi hija y que la aventó a un canal de aguas negras, hubo buzos de la Marina, Protección Civil que entraron a ese canal y sólo encontraron dos cuerpos de adultos”.
Le hicieron estudios psicológicos, polígrafos y arrojaron que está mintiendo y pues hasta la fecha han pasado 11 años y esta persona no quiere decir donde está María José. Actualmente Crespo García está en el penal de Texcoco “El Molinito”, cumpliendo una sentencia de 82 años por privación de la libertad de María José, intento de homicidio a Maribel Enciso y violación de la niña de 14 años.
Las autoridades se quedaron con la declaración de este criminal y dieron carpetazo, y gracias a la presión de las asociaciones civiles de niños desaparecidos y la Fiscalía de Análisis y Contextos, Maribel Enciso obtiene que se reabra el caso.
Maribel Enciso denuncia que: “las autoridades del Estado de México no hacen las investigaciones como deberían, los fiscales, los ministerios públicos no están capacitados para hacer investigación de niños robados, hacen cuestionarios, estudios sicológicos que arrojan que miente la persona, ¡pero no aportan nada! Nos hemos encontrado con trabas porque el ministerio público tiene que ir de la mano con la Fiscalía de Unidad de Análisis y Contextos y no quieren hacer equipo, hemos tenido que cambiar seis veces de ministerios públicos, el más reciente se comprometió a trabajar sobre el caso de María José, el problema es que trabaja demasiado lento”.
No tienen estrategias ni saben hacer una investigación de búsqueda, ahorita está la alerta amber, pero solamente es una ficha la que se emite. Al igual que Maribel Enciso hay otras madres desesperadas por buscar a sus hijos, al ver el nulo el trabajo gubernamental han optado por crear sus propias búsquedas con recursos personales, tal es el caso de Ceci Patricia Flores Armenta, líderesa del colectivo Madres buscadoras de Sonora, quien dijo para La Jornada Veracruz: “Somos una asociación civil sin fines de lucro, nos financiamos a través de la página y de la gente que tiene sensibilidad por la causa nos apoyan con donaciones”.
“Nuestro único enfoque es luchar todos los días de nuestras vidas para buscar a nuestros desaparecidos, para atraer nuestros hijos, esposos, hermanos, sobrinos a casa, es la lucha de buscarlos y encontrarlos con vida y ya cuando no dio resultado acudimos a los campos en búsqueda, nos vamos a los montes, a dónde salen los arroyos”.
De acuerdo a su experiencia mencionó que la edad en la que mayormente desaparecen las personas es de 14 años en adelante. Para iniciar la búsqueda piden fotos, nombre y la fecha y lugar en la que desapareció, pruebas genéticas por qué es necesario para la identificación de los cuerpos, todo eso es gratuito. En México hay alrededor de 80 asociaciones civiles, asevera que el gobierno tiene otras tantas sin contabilizar.
Madres sonorenses buscan a más de 7 mil desaparecidos, Patricia Flores remarca: “el gobierno dice que tiene 4 mil desaparecidos en Sonora, y nosotros tenemos más de 7 mil, las estadísticas que están irregulares, de acuerdo a su apreciación los estados donde desaparecen más personas son Sonora y Jalisco. En materia legal una de las claves principales para proteger a la niñez del mercado negro es la ley de adopciones y un ley de albergues, cabe recalcar que Veracruz es unos de los pioneros en implementarlas”.
La mayor parte de los estados de la República Mexicana carecen de éstas, convirtiéndose en paraísos para los traficantes, ya que se practica la adopción simple entre particulares, porque sólo hay un código civil, hay sistemas municipales dentro del país donde la persona llega y presenta a un menor, puede ser incluso la tutora legal y los sistemas del Desarrollo Integral Familiar (DIF) tienen la única obligatoriedad de hacer los trámites administrativos ante los jueces. El juez puede hacer su investigación, pero no aparece ningún familiar entonces, por el interés superior del menor y por el derecho a una familia lo pueden asignar. Otro punto grave es que no hay límite de registros para adoptar. Los menores pueden ser robados y asignados en adopción ilegal.
Los estados que tienen ley no se permite hacer eso, por ejemplo la mamá va al DIF y dice que dará a su hijo en adopción, pero ella no puedo decidir a quien se lo voy a dar, el DIF tiene una ley que seccionara mediante consejo técnico de adopciones y se determinará de acuerdo a una lista que tiene de futuros padres.
Otro de los focos rojos son las parteras ya que cuentan con certificados en blanco, los traficantes pagan a la partera, llenan el certificado, lo presentan en el DIF y dicen este es mi hijo, aquí esta la partida de nacimiento, es perfectamente legal y con eso lo pueden registrar y dar en adopción.
La ex subprocuradora de defensa del menor, Adelina Trujillo, mencionó que tuvo tres casos en Xalapa sobre parteras, gracias a denuncias anónimas se dieron cuenta que había dos certificados de alumbramiento, el de la mamá que lo había tenido y el de la mamá que se lo había vendido. Hace cinco años había un aproximado de 150 parteras.
Con las partidas de nacimiento lo pueden registrar, al menos en Veracruz ya no existen módulos de registros de niñas / niños en los hospitales, lo cual es muy grave. Es un medio de protección muy importante para el menor y también para la mamá, también existe desafortunadamente el robo de bebés en los hospitales.
