El gobierno de Veracruz aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la detención arbitraria de seis jóvenes en Xalapa, que fueron señalados por el delito de ultrajes a la autoridad.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez indicó que este martes firmó el documento en el que su administración se compromete a acatar los términos de la recomendación, entre los que se advierte la derogación del delito de ultrajes a la autoridad.
“La aceptación es en sus términos, no se puede aceptar a medias, bueno sí se puede hacer parciales y se debe justificar pero nosotros no, tenemos confianza en que la Comisión está en manos de otra persona que no se va a prestar a tintes políticos ni golpeteo mediático”.
Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que también acatará la recomendación por la imputación indebida de los jóvenes, el mandatario aseguró que su gobierno ya tiene avances en el cumplimiento, aunque no señaló cuáles.
“Nosotros ya hemos empezado a dar cumplimiento a esas recomendaciones y el mismo día de ayer martes notificamos la aceptación de la recomendación de la CNDH. Nos interesa muchísimo que la Comisión Nacional opere y le agradezco a la titular porque se le había criticado, los adversarios de la derecha criticaron el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra, le hicieron el camino súper difícil para que llegara a instalarse y hoy se demuestra que está funcionando, cosa que antes de ella, en el pasado, no sucedía”.
García Jiménez indicó que envió el oficio de respuesta y que pondrán en marcha las acciones tendientes a acatar la recomendación.
“He mandado el oficio de respuesta y puntualmente dice que aceptamos y por qué aceptamos y estaremos en marcha con varias de las recomendaciones dándole curso en estos días”.
Cabe recordar que la recomendación devino tras la denuncia del senador Ricardo Monreal Ávila sobre este caso, en el que afirmó las autoridades no tenían los elementos para probar el delito de ultrajes a la autoridad de los jóvenes detenidos.
Posteriormente ganaron un amparo para que el juez repusiera la audiencia para analizar la medida cautelar que se había determinado como prisión preventiva, tras lo cual los jóvenes salieron con el pago de una fianza y la firma periódica en los juzgados.
A raíz de esto, la CNDH determinó que la Fiscalía General del Estado y el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), violentaron los derechos humanos de los detenidos al no poder comprobar el delito, por lo que tendrán que proceder contra los siete elementos que los acusaron.
Además, contra la fiscal encargada del caso, el apoderado legal de la SSP, por acusar falsamente a los detenidos.
