El Congreso local deberá retomar la propuesta para revisar la penalidad que se le impuso al delito de ultrajes a la autoridad, que permite el encarcelamiento por solo “amenazar” a un funcionario público, afirmó el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Enrique Cambranis Torres.
El legislador panista reconoció que será difícil que el tema pueda analizarse en enero, cuando concluye el primer periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, refirió que son varias las propuestas a las que ya se les dieron entrada.
Cabe mencionar que la 65 Legislatura del Estado aprobó, en marzo de este año, reformas al código penal que establecen que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización (UMA) diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
La reforma fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al calificarla de inconstitucional. Sumado a ello, varios abogados, diputados locales y el senador Ricardo Monreal enviaron un escrito para adecuar la legislación.
Y es que se planteó que los diputados locales se excedieron en sus atribuciones al reformar el delito como grave, al establecer una penalidad de dos a siete años, pues esa es una atribución del Congreso federal.
Al respecto, el diputado del PAN confirmó que la reforma fue un exceso que se presentó y promulgó en el primer trimestre de este 2021.
El legislador mencionó lo anterior, porque el delito se está usando para detener a cualquier ciudadano, sin ser político o no, lo que es un riesgo, especialmente luego de la denuncia de los abogados que alertaron que se detiene a por lo menos 800 personas acusándolas de ese delito.
