Desde el año pasado, la síndica de Isla, Ivania Dolores Ríos, denunció que el alcalde, Gustavo Alfonso Torres, incurre en violencia política de género, sin embargo, sus quejas han sido desestimadas.
Dolores Ríos presentó un juicio de protección de derechos políticos ante la constante amenaza e intimidación por parte del alcalde, que llegó en sustitución de Abelino Barrientos Castro, quien murió de covid-19.
La síndica presentó un escrito de demanda en contra del presidente municipal, el tesorero, el secretario del Ayuntamiento, el titular del Órgano Interno de Control, el jefe de Departamento de Recursos Humanos, el director de Obras Públicas, todos de Isla, por actos y omisiones que, a su decir, obstaculizan el ejercicio del cargo para el que fue electa y, en consecuencia, son constitutivos de violencia política en razón de género.
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) valoró fundada la obstaculización al ejercicio del cargo de la actora en su calidad de síndica única del Ayuntamiento de Isla, Veracruz, pero inexistente la violencia política en razón de género ejercida en su contra.Ivania Dolores impugnó ante la Sala Regional del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ellos obligaron al TEV a revisar nuevamente la queja y analizar todos los hechos denunciados por ella, porque éste había desechado la queja debido a que se presentó de manera extemporánea.
Los magistrados federales plantearon que los hechos que denunció la síndica no se agotan en el momento mismo de su realización, sino que producen efectos de forma permanente, a partir de diferentes actos u omisiones que afectan la libre participación de las mujeres en el ámbito político.
Entre los hechos que la síndica denunció, se encuentra que la citan a las sesiones de cabildo, pero no le dan información adicional sobre los temas que se votan; el alcalde le ha exigido que firme estados financieros o expedientes de obras que no están concluidas; además, le retiraron algunas de las atribuciones de la representación legal del ayuntamiento, que le cedieron al tesorero.
Incluso, el alcalde cambió al contralor interno y él decidió quién ocuparía el cargo, incumpliendo con la obligación de someterlo a votación del cabildo, uno de los requisitos que impone la ley, que sí le da la atribución de designar, solo si no tiene el respaldo de la mayoría de los síndicos y regidores.
Además, se incurrió en despido injustificado de una persona a cargo de la Sindicatura; amenazas, vejaciones y actos de intimidación del presidente municipal, causándole violencia emocional y psicológica.Al revisar las pruebas aportadas, el TEV desestimó las acusaciones de la regidora, por ejemplo: confirmó que el alcalde solo cita al cabildo y hace entrega del orden de los temas a tratar, pero no da información adicional, lo que “solo implica obstrucción del cargo”.
De la queja que el alcalde corrió a personal a cargo de la Sindicatura, se dijo que, si bien una persona fue dada de baja, la síndica tenía cuatro trabajadores más de apoyo; sumado a que el municipio no había informado al Congreso de Veracruz sobre modificaciones en la nómina. Lo que deja abierta la posibilidad de que alguien cobre el salario del excolaborador de Dolores Ríos.
Sobre el retiro de funciones a la síndica, mencionó que no se comprobó el hecho, a pesar de que era el tesorero quien realizaba algunos trabajos, como la compra-venta de vehículos y el pago de impuestos y derechos ante la Hacienda del Estado.
A la queja de que la mujer era amenazada por el alcalde, se limitaron a argumentar que el que acusa está obligado a probar y la síndica nunca logró acreditar o presentar testigos de personas que escucharan las amenazas.
