La vinculación a proceso del ex secretario de gobierno Rogelio Franco Castán por el delito de peculado equiparado aún no está firme porque debe ser calificada por un juez de distrito, quien debe determinar si el juez de control cumplió la sentencia amparadora que ordenaba vicios de indebida fundamentación y motivación, señaló el abogado Luis Enrique González Lira.
Rogelio Franco es acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la causa penal 312/2021 por el delito de peculado equiparado porque en 2018, durante su encargo como secretario de gobierno, autorizó la supuesta contratación ilegal de una empresa en Estados Unidos para recuperar bienes comprados por ex funcionarios duartistas, todo ello con la intención de promover la imagen del entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces candidato a la gubernatura.
En días pasados el juez primero de distrito resolvió el amparo 949/2021, donde corrige la plana al juez de control Gregorio Estebán Noriega, y le advierte que sus argumentos para vincular a proceso son infundados, excesivos y arbitrarios por lo que le pide corregir los vicios y reponer la audiencia.
La sentencia amparadora pide al juez de control que precise bajo qué supuesto actualizó el uso indebido de fondos públicos, también le señala que no basta con que haya indicado que la documentación relacionada con la contratación entre gobierno del estado y la empresa no satisfacen las exigencias normativas, debe precisar cuál es la obligación que en específico vulneró Rogelio Franco. El abogado dijo que la sentencia obliga al juez a precisar la norma en la que sostiene su afirmación de que los bienes no podrían entregarse al gobierno del estado por estar hipotecados, debe considerar que el contrato no se regía por las leyes mexicanas, es empresa estadounidense.
El abogado defensor detalló que el juez de control debía “Precisar, acreditar y evidenciar que los pagos del erario público estatal a la empresa para realizar acciones legales que permitirán transmitir derechos de propiedades en el extranjero, promovían la imagen política del Gobernador”.
