El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa salió en defensa de su ex pareja y ex presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, Karime Macías Tubilla, a quien un juez le negó un amparo contra la prescripción del delito de fraude específico por 112 millones de pesos cuando estuvo al frente del organismo asistencial.
El ex mandatario –actualmente recluido por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa– aseguró que si alguna anomalía ocurrió en el DIF cuando era gobernador, él es el único responsable y no su ex esposa porque el cargo es honorario y no maneja recursos.
“Para quienes lo ignoran, el cargo de presidenta del Patronato del @DIFEstatalVer es un cargo honorario, es decir, no es funcionaria pública ni tiene bajo su responsabilidad el manejo de recurso público alguno”, señaló en su cuenta de Twitter.
El ex priísta incluso comparó a Macías de Duarte con la esposa del ex fiscal Jorge “N”, actualmente detenido en Pacho Viejo, al señalar que ni una ni otra tienen injerencia en los asuntos legales de sus parejas o ex parejas.
“La madre de mis hijos tiene la misma responsabilidad en el manejo de los recursos públicos del @DIFEstatalVer que la esposa de @AbogadoWinkler tiene en el manejo de los recursos públicos de la @FGE_Veracruz, es decir, no tienen ninguna responsabilidad”, añadió.
Duarte de Ochoa agregó que como ex gobernador, si hay alguna responsabilidad por los manejos de recursos en el DIF estatal durante su gestión, él es el responsable.
“El responsable del @DIFEstatalVer es su director y éste está bajo el mando del gobernador del estado, por lo que cualquier anomalía que pudiere existir en esta dependencia bajo mi mandato, yo y solo yo soy el responsable”.
Lo anterior, a pesar de que la diferencia entre ambas parejas es que mientras Karime Macías Tubilla ostentó un cargo público, la del ex fiscal, no.
Con el revés en la solicitud de amparo de Karime Macías, el juez segundo de distrito de Veracruz, Alejandro Quijano Álvarez, determinó que la imputación en su contra sigue vigente.
La vigencia de la orden de aprehensión en contra de la ex presidenta del DIF es por el presunto desvío de recursos públicos para la adquisición de propiedades.
