Ciudad de México.- Con la premisa de no reducir los estándares en los seis comicios locales de 2022 o en la credencialización, el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara un acuerdo con miras a “suspender las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato hasta disipar la incertidumbre de recursos para su financiamiento”.
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Reforma Política-Electoral aprobó un punto de acuerdo para exhortar al INE a velar porque sea un ejercicio exitoso y genuino de democracia participativa. Contó con el apoyo de 18 diputados de la coalición “Juntos Hacemos Historia” y el rechazo de 12 pertenecientes a la oposición; ahora deberá ser remitido al pleno de San Lázaro para su análisis y eventual aprobación.
En el documento que prepara el órgano electoral “determina necesario suspender el desarrollo del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo 2018-2024, a partir de las etapas subsecuentes al periodo de recopilación de firmas de apoyo a la solicitud para la revocación de mandato, pues no se cuenta con la suficiencia presupuestal que permita otorgar al instituto las garantías mínimas para organizar y desarrollar dicho proceso”.
Se argumenta que “el INE no tiene condiciones financieras para cumplir con lo que dice la ley, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en la adecuación presupuestaria, apenas se tendrá la capacidad para fondear uno de cada tres pesos de lo que va a costar este ejercicio”. Aunque se pretendía su aprobación este viernes, la falta de consenso postergó para la próxima semana la discusión del acuerdo en el Consejo General.
Con ello se pretende aguardar hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice y determine la procedencia o no de la controversia constitucional que se interpuso contra el recorte presupuestal que determinó la Cámara de Diputados de 4 mil 830 millones de pesos. El borrador señala que “el recorte al presupuesto del INE trasciende en su operatividad, de manera particular, en las actividades relativas al desarrollo de la revocación de mandato, para lo cual se requería que la Cámara aprobara la suficiencia presupuestal solicitada”.
