Quien llegue a ocupar el cargo que la magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deje vacante deberá seguir con el combate a la corrupción.
Así lo expuso la todavía titular del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, quien a un mes de que culmine su periodo, destacó que hizo una gran labor combatiendo a la corrupción y así debe continuar su sucesor, además de que deberá revisar los contratos para la construcción de las ciudades judiciales.
Aunque, aceptó que le hubiera gustado hacer más, el tiempo ya no le dio pues en este noviembre se efectuará el proceso de renovación del cargo para que en diciembre el Poder Judicial y Consejo de la Judicatura tenga una nueva presidenta o un nuevo presidente.
“Quien ocupe mi lugar tiene que continuar este trabajo. La vigilancia hacia nuestros jueces, hacia todo el personal del Poder Judicial, para que caminen recto y apliquen la ley como debe ser”.
Al respecto, mencionó que hay “varios” procesos de investigación en contra de jueces por la comisión de actos de corrupción y que dos fueron cesados recientemente.
“Al juez y al auxiliar de sala, de la zona norte, de Papantla. De ahí cesamos a dos personas con muchas pruebas de corrupción, muchas cosas y (se presenta denuncia), ante la Fiscalía también, no se puede quedar esto así”.
Algunos de estos jueces, explicó, están por contrato y a causa de la comisión de estos actos es que ya no se les renovó.
“Esos ya no los contratamos, pero los que no eran por contrato, algunos fueron cesados por un procedimiento especial sancionador por parte del Consejo de la Judicatura”.
Otro de los temas a los que mencionó se le debe dar seguimiento es a la construcción de las ciudades judiciales.
“A mí me sobraron ganas de rescindir los contratos porque el Poder Judicial no va a poder con esa carga tan grande si se siguen construyendo esas ciudades judiciales. Yo no estoy de acuerdo y creo que la ciudadanía menos. Pero creo que la persona que ocupe mi lugar sí lo va a hacer si quiere al Poder Judicial. Si está comprometido o comprometida no debe aceptar que se hagan esas ciudades judiciales, porque es una carga muy grande para el Poder Judicial”.
Y es que dijo que las ciudades judiciales que se concesionaron para su construcción en el periodo del pasado presidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, “se ven bonitas por fuera pero con el tiempo no funcionan”, concluyó.
