miércoles, julio 6, 2022
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Este domingo votarían dictamen para derogar el delito de ultrajes

Este domingo votarían dictamen para derogar el delito de ultrajes

El próximo domingo se podría votar el dictamen que busca derogar el delito de ultrajes a la autoridad. A la fecha la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la sexagésima sexta Legislatura tiene cuatro propuestas que le permitiría emitir un acuerdo.


El diputado del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, consideró que ya no es necesario hacer más foros o mesas de análisis pues el tema está suficientemente discutido para sacar un acuerdo que deberá ser presentado ante el Pleno.
Apenas este viernes, el gobernador adelantó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrían declarar inconstitucional la reforma que se hizo en marzo de 2021 por el que se establecieron sanciones a delitos como extorsión, cobro de piso, ultrajes a la autoridad y se creó el capítulo de delitos contra las instituciones de seguridad, que castiga a quien insulte, agreda o interfiera el trabajo de las fuerzas de seguridad.
La reforma, denunció el senador Ricardo Monreal, se usó para encarcelar a inocentes y crear delincuentes, por lo que emprendió una lucha para buscar que desde el Senado se revisara el actuar de las autoridades del estado. Aunque el tema no prosperó generó la presión suficiente para obligar cambios en el código penal.


En el Congreso local se dio entrada a cuatro iniciativas, una del gobernador Cuitláhuac García, otra más de Luis Antonio Luna Rosales, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y otra de Ramón Díaz Ávila (PT), y la cuarta del PAN, que presentó el diputado Jaime de la Garza, algunas con la idea de volver ultrajes a la autoridad una falta administrativa y otros para derogar.
Sin embargo, actualmente en el segundo párrafo de dicho artículo que se busca abrogar se establece que: se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.


La sanción se incrementaría si se realiza por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; cuando el individuo activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia entre otras agravantes.
Además, de las propuestas, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, envió al Congreso local un exhorto para modificar el delito de ultrajes a la autoridad.


En el documento se pide considerar que el máximo tribunal de nuestro país ha sido consistente en sustentar la inconstitucionalidad del tipo penal de ultrajes a la autoridad, dada la afectación a los principios de legalidad y seguridad jurídica de las personas destinatarias de la norma.

La cronología de las propuestas:
El jueves 9 de diciembre, el diputado del PT Ramón Dávila pidió cambiar la penalidad para permitir que el tema quedara en un delito administrativo y no se obligue a la prisión preventiva.
“Que se regrese a la penalidad anterior que era de seis meses a dos años como máximo, que eso se relaciona con un delito menor. Se debe corregir algo que afecta la libertad de expresión y la libre manifestación”, dijo desde la máxima tribuna.
“Que se imponga de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la UMA diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, propuso el legislador.
Ese mismo día ingresó al pleno del Congreso local una petición firmada por abogados representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados de Veracruz en el mismo sentido.


2.- El 19 de enero, el diputado Jaime de la Garza presentó una iniciativa de decreto para derogar este delito por el que mantiene en la cárcel a más de 2 mil 500 personas.
“Como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos similares, la redacción de los delitos mencionados es contraria al principio de certeza que debe caracterizar a las normas jurídicas, especialmente en materia penal.
Estos delitos, abarcan múltiples opciones sobre situaciones de realización incierta; además, el término “amenazar” o “agredir” da lugar a interpretaciones confusas, ambiguas y vagas, lo que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica”, explicó.
El panista fue más allá, pues además de pedir desaparecer el delito de ultrajes a la autoridad solicitó desaparecer el capítulo de delitos contra las instituciones de seguridad.


3.- El 31 de enero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez remitió un documento en el que atendió la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que solicitó derogar dicho ilícito del código penal.
En la exposición de motivos se dio a conocer que desde el 21 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivado del expediente CNDH/2021/10689/Q emitió la recomendación 146/2021, en el que le requirió tomar acciones, mediante el accionar del proceso legislativo en el estado, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del código penal para el estado, a fin de prevenir nuevas violaciones o derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esta entidad federativa”, expone la iniciativa.
Con la propuesta de García Jiménez se busca eliminar en la totalidad el delito, que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


4.- En la sesión de este 25 de febrero, el diputado de Morena, Luis Antonio Luna Rosales presentó una iniciativa para reformar la fracción II y derogar la fracción IV del artículo 331 del Código Penal del Estado.
Con la reforma propuesta por el legislador se contempla que este delito sea aplicado en caso de que el delito se realice por medio de cualquier tipo de violencia física contra la víctima.
Y que se derogue la aplicación de este cuando “se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del individuo pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja”.
Asimismo, en los artículos transitorios contempla que los procedimientos iniciados antes de la vigencia del decreto continúen su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al momento de ser iniciados.
Mientras que las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado firme.

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