La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, expuso que para atender a fondo el problema de desabasto de agua, que enfrenta una quinta parte del país, se requiere de un diálogo nacional del que deberán salir propuestas que permitan pasar del enunciado a la acción, siempre en favor de las personas, porque no es posible que 21 millones de mexicanos no tengan garantizado su derecho constitucional a este líquido.
“El agua debe ser la prioridad en los tres órdenes de gobierno, lograr mayor inversión destinada a infraestructura hídrica que permita una gestión más eficiente y una fuerte campaña de sensibilización social para lograr el cero desperdicio.
“A pesar de ser un tema de seguridad nacional, en la Cámara de Diputados están pendientes de revisión, análisis y aprobación un importante número de iniciativas propuestas por los grupos parlamentarios; sin embargo, estamos en falta, por lo que es necesario que se avance en la aprobación de la Ley General de Aguas en México, dejando atrás criterios político-electorales, así como otras iniciativas que van en el mismo sentido. La población no busca culpas, sino soluciones”.
Guerra Castillo urgió a la ejecución de acciones para llegar al desperdicio cero de agua. Está comprobado que más de la mitad del agua para uso agrícola, que consume 76 por ciento del total que dispone el país, se desperdicia por infraestructura deficiente; lo mismo pasa con el abastecimiento público, que si bien recibe el 14.4 por ciento de éste, se pierde 47 por ciento por fugas.
De acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Conagua, hay al menos seis estados con sequía en 100 por ciento de su territorio: Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Sinaloa; la mayoría de las presas del centro-norte del país están por debajo de 50 por ciento de su capacidad y la cuenca del Cutzamala, con sus siete presas: Tuxpan y El Bosque, en Michoacán; Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo, en el Estado de México, registra apenas 38 por ciento de almacenamiento.
Por todo esto, esta y la próxima Legislatura deben aprobar iniciativas que atiendan esta problemática que demanda una inversión promedio superior a los 86 mil millones de pesos anuales, durante los próximos ocho años; crear un mercado secundario de aguas residuales para uso industrial, minero y agrícola, y adecuar, a través de un Sistema Nacional de Tarifas, el agua no contabilizada, para dar viabilidad financiera a los organismos operadores.
En el caso concreto del sector agrícola, que se lleva casi el 80 por ciento del agua que hay en el país, al igual que el sector industrial, deben utilizar aguas tratadas. El agua potable debe ser exclusivamente para uso humano, subrayó.
