El diputado local del Partido del Trabajo (PT) Ramón Díaz Ávila responsabilizó a los asesores del Congreso de los constantes “reveses” que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a diversas reformas que, les ordenaron, deben replantear.
Aseguró que se caen las leyes, debido a la falta de fundamentación y por deficiencias en la exposición de motivos con las que se justifican las modificaciones que se respaldan desde el Pleno y que más tarde es motivo para revertir lo hecho por la Cámara.
“Creo que es un tema de orden parlamentario, que los asesores del mismo Congreso se apliquen más, para que en la exposición de motivos no tengamos errores o lagunas, como sucedió en la reforma electoral en la Legislatura pasada, que también la Suprema Corte la echó para abajo por no haber consultado a pueblos afrodescendientes e indígenas”.
Consideró que los dictámenes no se circulan con tiempo, por lo que no los pueden revisar y simplemente se llevan a votar al Pleno
“La hacen los asesores, entonces el Pleno solo conoce la resolución final y es lo que se vota. ¿En dónde se han caído las leyes? En la exposición de motivos, pero no es un tema de la reforma en sí, sino de la forma”.
Los textos han fallado, por lo que es necesario reforzar al grupo de asesores porque no revisan los puntos que se pueden echar abajo desde la Corte.
El pasado viernes se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la más reciente resolución de la Corte que dio un año para que el Congreso consulte a los grupos de afrodescendientes antes de legislar en favor de sus derechos.
Antes, los ministros suspendieron todas las acciones que había hecho la mayoría del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al disolver el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (Tejav), y liquidar a los seis magistrados que se nombraron en 2017.
También ordenó suspender la intervención de la tesorería de Sayula de Alemán que pidió la Comisión de Vigilancia del Congreso, que propuso enviar un interventor hasta por dos años para revisar cómo se maneja el dinero en las arcas municipales.
Además, determinó derogar una fracción de la modificación al artículo 11 de la Constitución, por el que se reconocía como veracruzano a padres de hijos nacidos en la entidad y solo se validó que será considerado como nacido en el estado quien cumpla con cinco años de residencia.
