La estabilidad y gobernabilidad democrática del país están en riesgo con la reforma electoral que está el Poder Ejecutivo federal, que por su orientación y motivos es “claramente regresiva y constituye un agravio a la vida democrática del país”, opinan obispos de México en un comunicado sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral, el 31 de octubre del año en curso.
Estiman que ésta afectará la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, al afectar su gestión presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE), eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista.
Los prelados mexicanos expresan su reconocimiento a la labor que han realizado en la vida democrática de nuestro país, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“El INE y el TEPJF hoy son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas. Desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas”, se indica.
En el comunicado, signado por el presbítero José Manuel Suazo Reyes, recalcaron que el INE es una institución ciudadana que ha madurado gracias a “su autonomía de los poderes políticos y por relación estrecha con los ciudadanos y la pluralidad de los partidos políticos”.
Opinaron que durante los últimos 25 años ha hecho procesos electorales justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, sin mencionar los fraudes de los que se le han acusado.
Consideraron que el INE ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para que sean garantes de la imparcialidad y legalidad electoral y “ha fiscalizado las contiendas electorales, ha impulsado condiciones de equidad en las contiendas y ha dado solución, en el marco de la Ley, a las inconformidades y controversias, a través del Poder Judicial Electoral. Goza de reconocimiento internacional”.
Al señalar que como todas las obras humanas es una institución perfectible afirmaron que ningún ciudadano y menos los gobernantes tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado mexicano y que la sola pretensión “pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”.
Por lo tanto, los obispos mexicanos piden detener el intento de minar a estas dos instituciones, a través de reformar la Constitución pues “no hay que poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.
Apelaron a la prudencia por parte de diputados, “la defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.
Por último, los prelados mexicanos exhortaron al Poder Ejecutivo y Legislativo para que “asuman su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un estado de derecho democrático como es México”.
