Con 35 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones fue aprobada la Cuenta Pública 2021. Diputados de oposición estuvieron de acuerdo con la labor del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Entre los diputados que votaron a favor de la Cuenta Pública 2021 están Anilú Ingram Vallines y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo titular, Marlon Ramírez Marín advirtió que no sería aprobada por el parlamento priísta.
Otros que votaron a favor de la Cuenta Pública fueron Ramón Díaz Ávila, José Luis Tehuintle Xocua, ambos del Partido del Trabajo (PT); también Tania Cruz Mejía, Citlali Medellín Careaga, ambas del Partido Verde Ecologista de México y Enrique Santos Mendoza, de Fuerza por México.
“En Veracruz no hay cabida para la simulación. Tampoco para el engaño ni mucho menos para la corrupción e impunidad. La trasformación por la que la ciudadanía se decidió hace más de cuatro años no tiene espacio para solapar servidores públicos que se conduzcan con las banderas de la honestidad y transparencia cuando realmente lo que hacen es mentir y ocultar opacidades, negligencias e irresponsabilidades”, destacó en tribuna el diputado Rafael Fararoni Magaña, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso.
Recordó que en octubre el Congreso local rechazó la aprobación de la Cuenta Pública 2021, excusando que “algo no estaba bien” lo que motivó a la revisión de la auditoría. Con este segundo análisis, lograron solventarse 261 millones de pesos que, de no haberse requerido otra revisión, estarían sin aclararse”, expresó.
Advirtió que no se van a tolerar ocurrencias ni deficiencias en las obras y los servicios que exigen la población, por lo que mantendrán una apertura con servidores y ex servidores públicos que, con la documentación comprobatoria necesaria, pidan la oportunidad de explicar lo que injustificadamente se les observa.
En septiembre del año pasado, el Orfis presentó la Cuenta Pública 2021, donde determinó que el presunto daño patrimonial era por más de 3 mil 299 millones; en la revisión del informe, presentado el viernes pasado, quedó asentado un presunto daño patrimonial por 3 mil 37 millones 953 mil 727 pesos.
El órgano auditor confirmó el presunto daño patrimonial en tres dependencias y 31 organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo por un monto de 189 millones 899 mil 820.84 pesos.
Además de un presunto daño patrimonial por 2 mil 668 millones 433 mil 822.76 pesos en 205 municipios; en cinco entidades paramunicipales se detectaron irregularidades por 82 millones 151 mil 47.32 pesos.
En cuanto a la deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, hubo inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones en nueve municipios, por un monto de 97 millones 469 mil 36.74 pesos.
