Agentes municipales de San Andrés Tuxtla, denunciaron que fueron amenazados por la alcaldesa de esta demarcación María Elena Solana Calzada, que en caso de reunirse con los diputados locales, Juan Javier Gómez Cazarín, Rafael Fararoni Magaña y con la diputada federal Paola Tenorio Adame, de retirarles apoyos económicos que utilizan para gastos en las gestiones para resolver la problemática de sus comunidades, principalmente en materia de obra pública.
Ante esto, la legisladora federal Paola Tenorio Adame advirtió que dicho recurso no proviene de las arcas del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, y que dicho apoyo económico fue autorizado por el Congreso del Estado.
“No les pueden quitar nada, ese apoyo no lo da el ayuntamiento, no es dinero municipal y aunque fuera recurso municipal, acuérdense que todo el dinero de este país, entre federal, estado y municipios, es dinero para el pueblo”.
Indicó que este recurso sirve para que los agentes municipales se puedan trasladar desde sus comunidades a realizar gestiones para resolver la problemática de sus lugares de origen, “son personas que viven al día (…) con esto cubren el gasto del pasaje (…) no es un salario, es un apoyo para sus gastos”.
“Se están agarrando del ayuntamiento como de algo particular, como si fuera una empresa, que se acuerden que el pueblo pone y el pueblo quita. San Andrés es un bastión de izquierda y hay mucha gente que sabe hacer eso, y no es amenaza, es poner los pies en la tierra, no puedo seguir permitiendo que se sigan burlando de Morena, porque están representando a Morena”, agregó.
Aunado a ello, la legisladora federal destacó que en el Informe de la Cuenta Pública 2022, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) advirtió de un presunto daño patrimonial de más de 53 millones de pesos en el primer año de gestión de María Elena Solana Calzada, quien es cercana al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.
“El daño patrimonial que el ORFIS le está marcando es de 53 millones 511 mil 55.77 pesos, cuando aún no termina el segundo año de administración”, precisó.
Ante la intervención que realizó el Congreso de Veracruz en la tesorería de San Andrés Tuxtla, Tenorio Adame lamentó que la autoridad municipal “se está sacando de la manga” que ya hubo una revisión de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y que entonces no pueden ser auditados por el ORFIS, controversia institucional que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Recordó que la ASF no audita el año en cuestión, si no que revisa el año pasado, “entonces al menos ahorita, cuando algún diputado o servidor público solicita pruebas, pide que se audite y el ORFIS está diciendo que hay 53 millones de pesos de daño patrimonial”.
La diputada, quien integra la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, reprochó que la situación en San Andrés Tuxtla “esta terrible”.
“Esto además se trata de MORENA, es un gobierno que está representando MORENA y soy morenista de corazón, pero no me colgué de MORENA para llegar a una diputación federal (…) viví con una hombre y una mujer (en alusión a sus padres) que me educaron en tener que estar al pendiente del pueblo, porque si no se desbordaba todo”.
Sostuvo que es molesto que la población diga que el gobierno de MORENA no está sirviendo para nada, “y no es personal pero sí me interesa, porque el dinero federal que yo me encargo de estar pendiente que a este municipio, le llagará en este 2023 más que el año pasado y me voy a encargar de aquí a diciembre que llegue el presupuesto, que sea más para el 2024”.
Afirmó que la ASF apenas va a auditar el 2023, sin embargo, se puede solicitar una auditoria extraordinaria, ante las irregularidades que ha cometido María Elena Solana Calzada durante los casi dos años de administración municipal.
