ECP
Ayer por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo algo poco habitual en el poder mexicano: un ejercicio explícito de memoria histórica. Recordó, con datos duros, el tamaño real de la corrupción que imperó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación anterior. No fue una acusación abstracta ni una consigna política: fue una enumeración precisa. Gastos personalísimos cargados al erario —vehículos de lujo, seguros médicos privados, alimentos, viajes nacionales e internacionales, servicios domésticos, choferes, telefonía, remodelaciones, obras de confort, arte— enchufados con naturalidad al dinero público, como si la institución fuera una prolongación de la vida privada de sus integrantes.
El carácter grotesco de esa lista no está solo en los montos, sino en su normalización. Durante años se aceptó que ministros y altos funcionarios judiciales vivieran con estándares de élite financiados por el presupuesto: tarjetas corporativas sin control, viáticos inflados, estancias prolongadas en hoteles de lujo, comidas cargadas como “gastos de trabajo”, seguros y prestaciones muy por encima de cualquier servidor público, pensiones privilegiadas y fideicomisos opacos blindados contra la rendición de cuentas. No se trataba de errores aislados, sino de una cultura institucional completa.
Esas distorsiones no nacieron ayer. Se incubaron durante décadas, al amparo de un régimen que confundió deliberadamente Estado con patrimonio, función pública con botín, autonomía con impunidad. La independencia judicial fue usada como coartada para el exceso, y el lenguaje técnico como cortina de humo para ocultar privilegios. Lo difícil no es entender cuándo empezó; lo verdaderamente inaceptable es que se haya sostenido tanto tiempo sin consecuencias políticas ni morales.
Ese era el tamaño del nicho conservador de impunidad: un sistema de complicidades abrumador, aceitado con dinero público, donde a una casta judicial se le compró todo —comodidad, silencios, obediencias— a cambio de su alma institucional. No fue corrupción marginal: fue sistema. No fue exceso ocasional: fue modelo de gobierno judicial. La ley se interpretaba con rigor hacia abajo y con indulgencia hacia arriba.
Por eso, cuando se fueron, no se llevaron solo los vehículos oficiales. Se llevaron mobiliario, arte, cuadros, bienes; todo lo que pudieron cargar sin herniarse. Porque el viejo régimen operaba así: el saqueo no era anomalía, era precio. El precio de la impunidad, el pago por proteger a una élite judicial funcional al poder político y económico dominante.
Eso tiene un nombre preciso: patrimonialismo llevado a nivel Dios. La creencia de que el Estado no pertenece a la nación, sino a quienes lo ocupan. Que la ley es decorado y el presupuesto, herencia privada. Que el cargo no obliga, sino que autoriza.
No fue un error administrativo ni un exceso de interpretación normativa. Fue una forma de gobierno.
Y por eso la memoria no basta. Se requiere auditoría plena, recuperación patrimonial, sanción histórica y ruptura definitiva con la lógica de casta. Sin excepciones, sin nostalgia institucional, sin pactos silenciosos.
Y sí: parásitos. No como insulto visceral, sino como categoría política. Porque vivieron del cuerpo del Estado hasta debilitarlo, convencidos de que nunca serían removidos. Esa certeza —por primera vez— ya no existe.
