La propuesta presentada por la diputada Elizabeth Morales García, que exhorta a los ayuntamientos a avanzar hacia una participación de al menos 50 por ciento de mujeres en cargos de dirección y toma de decisiones, ha sido recibida —como era previsible— con una mezcla de silencio institucional y crítica opositora. Sin embargo, más allá del ruido político, conviene detenerse en lo que el texto realmente dice, en lo que no dice, y sobre todo en quiénes lo cuestionan.
El anteproyecto no impone cuotas obligatorias, no establece sanciones ni vulnera la autonomía municipal. Es, en sentido estricto, un exhorto político que reconoce avances en paridad electoral, pero subraya una realidad persistente: en los gobiernos municipales, el poder efectivo —la administración, la coordinación y la decisión cotidiana— sigue estando mayoritariamente en manos de hombres. El diagnóstico es correcto y ampliamente documentado. La paridad en las urnas no se ha traducido de forma consistente en paridad en el ejercicio real del poder.
La propuesta, además, cuida el lenguaje. No descalifica trayectorias, no plantea desplazamientos automáticos y apela a principios constitucionales ya vigentes: igualdad sustantiva, progresividad y no discriminación. En un contexto político marcado por la polarización y la estridencia, se trata de una iniciativa deliberadamente moderada. Su alcance es simbólico más que estructural, pero su orientación es clara.
Precisamente por eso resulta revelador el rechazo que proviene de sectores de la oposición priista. No porque la crítica carezca necesariamente de argumentos técnicos, sino porque carece de autoridad moral. El PRI que hoy alza la voz es el mismo que durante décadas construyó gobiernos municipales como feudos masculinizados, cerrados, patrimoniales y profundamente opacos. Es el partido que normalizó la exclusión de las mujeres de los espacios donde realmente se decide, aun cuando las utilizó electoralmente como base o como cuota decorativa.
Bajo el “liderazgo” de Alejandro Moreno, esa contradicción se ha vuelto inocultable. El PRI ya no articula una oposición programática ni ofrece una alternativa de gobierno. Su discurso oscila entre el escándalo, la victimización y la denuncia selectiva. En ese marco, criticar un exhorto no vinculante a favor de mayor participación femenina suena menos a defensa de la autonomía municipal y más a resistencia cultural frente a cualquier redistribución del poder.
Conviene decirlo sin rodeos: el problema no es que el exhorto sea excesivo, sino que resulta insuficiente frente a inercias locales profundamente arraigadas. Los gobiernos municipales no reproducen desigualdades de género por falta de exhortos, sino por redes políticas cerradas, criterios discrecionales de designación y culturas administrativas que confunden lealtad con capacidad. Eso no se corrige sólo con llamados, pero tampoco se corrige negando el problema o caricaturizándolo.
La reacción priista revela, en realidad, el estado del propio partido. Una organización que no ha hecho autocrítica, que no ha renovado liderazgos y que no ha asumido su responsabilidad histórica frente a la desigualdad, difícilmente puede erigirse en guardián de la institucionalidad democrática. Su crítica no interpela: rebota en su propio descrédito.
La discusión de fondo no es ideológica ni identitaria. Es política en el sentido más elemental: quién decide, cómo se decide y a quién se sigue dejando fuera. El exhorto de Morales García no resuelve el problema, pero lo nombra. Y en un escenario donde la oposición ha perdido proyecto y autoridad, nombrar el problema ya es un gesto incómodo.
La paridad no puede agotarse en el discurso ni en la elección. Si no se traduce en poder efectivo, se convierte en simulación. La discusión que incomoda no es la del exhorto, sino la de las estructuras que siguen concentrando las decisiones en los mismos círculos de siempre. Todo lo demás —incluida la indignación priista— es ruido.
