miércoles, abril 24, 2024
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Un asunto sobre toma de muestras de fluidos

Por José Roberto Ruiz Saldaña

El quince de julio de dos mil veinte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Amparo en Revisión 1034/2019 el cual es un asunto de interés porque se analizó si el artículo 270 de Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional o no, relativo a la toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlas.

El asunto se originó porque en 2017 unas personas presuntamente estuvieron involucrada en hechos de sangre en Tapachula, Chiapas, en los cuales perdió la vida un agente policial. Meses después, agentes del Ministerio Público se presentaron en el Centro Estatal para Reinserción Social de Sentenciados número 3, precisamente en Tapachula, Chiapas, para tomarles a aquellas personas una muestra de sangre, realizar una comparación con la sangre localizada en el lugar de los hechos y poder determinar si existía una correspondencia genética; sin embargo, los imputados se rehusaron.

Toda vez que la Jueza de Control de la Región correspondiente concedió la autorización solicitada, con fundamento en el artículo 270 del Código mencionado, una de las personas presuntamente involucrada presentó un Amparo indirecto y, después de un litigio que conoció a un Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil, el asunto llegó a la Suprema Corte, cuya Primera Sala advirtió que la parte quejosa sostenía que dicho artículo era inconstitucional pues atentaba contra sus derechos fundamentales a ser tratado con dignidad, a la integridad y a no ser torturado. Es decir, el quejoso argumentaba que la toma de muestras de fluidos corporales (introducir un hisopo en la nariz o en la boca, o introducir una aguja a través de la fuerza) sin su consentimiento, atentaba contra su integridad física y psíquica, y en casos graves, contra su derecho a no ser torturado.

La Primera Sala de la Suprema Corte sostuvo que era infundado el agravio del quejoso y señalaba, en primer lugar, que el artículo 270 del Código Nacional se refiere a la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, los cuales, en principio, no caen dentro del criterio de gravedad objetivo que contempla el artículo 22 de la Constitución Federal, a saber, “las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentes”.

En segundo lugar, apuntaba que el propósito de las medidas analizadas, en tanto se trataban de actos de investigación, era el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quedara impune y, ultimadamente, que los daños causados por el delito se repararan, los cuales constituyen bienes jurídicos promovidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 20, apartado A, fracción I. De ninguna manera lo dispuesto en el artículo 270 del Código Nacional tiene como propósito anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental.

Adicionalmente, el quejoso sostuvo que el artículo cuestionado transgredía su derecho a ser tratado con dignidad porque, al colocarlo como objeto de prueba, lo cosificaban. La Primera Sala de la Suprema Corte también consideró este agravio como infundado pues no se atentaba en contra del derecho a la dignidad de manera directa o indirecta sino que se limitaba a establecer un mecanismo de ponderación entre los derechos e intereses de la sociedad, la víctima y los procesados.

Por otra parte, el quejoso también señaló que la obtención de muestras de fluidos corporales vulneraba su derecho a guardar silencio. La Primera Sala de la Suprema Corte destacaba que, para que se materialice la vulneración al derecho a guardar silencio, tiene que mediar coerción, debe tener potencial autoincriminatorio y debe versar sobre un acto de carácter testimonial. Así, ciertamente la mencionada obtención de muestras es coercitiva; mientras el elemento de autoincriminación estaría presente únicamente en contra de la persona de quien se buscan obtener muestras, ya sea porque tiene el carácter de indiciada, inculpada, imputada, acusada, o cualquier otro análogo; sin embargo, por lo que hacía al carácter testimonial, era evidente que la toma de muestras corporales en contra de la voluntad del inculpado no tenía ese carácter pues aquél es el conocimiento que obtiene la juzgadora de una testimonial y se produce en virtud de la confianza que obtiene en que la intención del hablante es informarle de manera veraz del contenido de una proposición fáctica, o bien el testimonio puede ser entendido en que ofrece a las juzgadoras una justificación epistémica única, que no le ofrecen otras fuentes de conocimiento.

Esta sentencia, de la cual fue ponente la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat y votada por unanimidad, muestra claramente la labor de un Tribunal constitucional en un caso de ponderación de derechos. Por una parte, a ser tratado con dignidad y, por la otra, que el ofendido o las víctimas de presuntos delitos puedan contar con que los hechos sean esclarecidos. Comparto que en dicha ponderación hayan prevalecido estos últimos.

@Jose_Roberto77