domingo, mayo 19, 2024
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Un asunto sobre restauración ecológica

Por José Roberto Ruiz Saldaña

El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el Amparo en Revisión 641/2017, cuyo ponente fue el Ministro Alberto Pérez Dayán, el cual es un asunto interesante e importante en materia de medio ambiente sano.

El asunto se remonta a la demanda de Amparo que diversas personas presentaron en contra de autoridades de la Ciudad de México y de carácter federal por la omisión de adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar ecológicamente y sanear los canales del pueblo de San Andrés Mixquic, concretamente del Barrio de San Miguel, en la alcaldía Tláhuac. Toda vez que autoridades de la Ciudad de México se inconformaron con la sentencia de amparo, interpusieron recursos de revisión. En su momento, un Tribunal Auxiliar determinó que lo procedente era solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para conocer de los recursos de revisión.
El asunto es importante porque el Alto Tribunal, en esta ocasión a través de una de sus Salas, avanzó en la reflexión sobre la procedencia del amparo ambiental y las competencias para proteger el derecho humano a un ambiente sano. Sobre lo primero, entre otras cuestiones, la Segunda Sala sostuvo que tratándose del medio ambiente, los requerimientos para la procedencia del recurso efectivo deben estar sujetos a un escrutinio jurisdiccional de flexibilidad y razonabilidad.

Sobre lo segundo, por ejemplo, afirmó que corresponde a los Estados y a la Ciudad de México la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal; esto es, deben velar por la “prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal”. En específico, son las autoridades locales las que, de conformidad con la distribución de competencias, les corresponde “el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado” y “la vigilancia de las normas oficiales mexicanas correspondientes”.

En este sentido, contrario a lo que sostenía el Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, del marco jurídico medio ambiental, sí se desprendía la obligación con la que cuenta para preservar y, en su caso, restaurar ecológicamente las aguas de la jurisdicción de la Ciudad de México, tal y como lo son los canales del pueblo de San Andrés Mixquic. Asimismo, aunque se hubiera creado por Decreto del Jefe de Gobierno la “Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta”, de manera alguna sustititía a la Secretaría del Medio Ambiente local en las funciones relacionadas con la prevención y control de la contaminación de las aguas pertenecientes al territorio de la Ciudad de México.

Ahora bien, sobre el derecho humano a un medio ambiente sano, en sí mismo, la Segunda Sala subrayó que no puede concebirse meramente como “buenos deseos constitucionalizados” ni como “poesía constitucional”, en tanto goza de una verdadera fuerza jurídica que vincula a la autoridad para asegurar tales condiciones ambientales y, en consecuencia, ante ese mandato constitucional, los tribunales de nuestro país se encuentran posibilitados para revisar si, efectivamente, las acciones u omisiones de la autoridad resultan conformes a la plena realización del derecho humano al medio ambiente sano.

La Segunda Sala del Alto Tribunal concluyó que las autoridades señaladas como responsables no habían adoptado todas las medidas posibles, hasta el máximo de los recursos disponibles, para evitar y controlar procesos de degradación de las aguas; para vigilar que las descargas residuales cumplan con la normatividad vigente en cantidad y calidad, ni tampoco para llevar a cabo las acciones correctivas necesarias para sanear las aguas de los canales del Barrio de San Miguel.

Todo lo anterior se agravaba si se tomaba en cuenta que la zona de Tláhuac -junto con Xochimilco- fue declarada Patrimonio Mundial, Cultural y Natural por la UNESCO desde el once de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Además, sobre el tema de las descargas, el Estado no podía tomar una postura de pasividad cuando los particulares se encuentran realizando actos que afecten negativamente al medio ambiente y a los derechos humanos que se deriven de la pérdida de la sustentabilidad y salvaguarda de los ecosistemas.

En adición a la relevancia sobre la procedencia del amparo ambiental, el análisis de las competencias en la materia, así como el desarrollo del derecho humano al medio ambiente sano, me parece que este asunto destaca porque es un buen ejemplo de la falta de ética en el servicio público. En efecto, las autoridades de la Ciudad de México -de ese entonces-, lejos de reconocer con étia y profesionalismo la falta de atención al problema de deterioro ambiental, se dedicaron a sostener que el problema era competencia de otras autoridades y que no podían hacer nada ante las conductas de particulares que realizan descargas de aguas negras y frente a las aguas contaminadas provenientes del Estado de México.

@Jose_Roberto77