Por René Montero Montano
Como les compartía ayer, la teoría y práctica de la democracia contemporánea tiene al menos dos acepciones: 1) como procedimiento jurídico legal y 2) como ejercicio político transversal en el modo de vida cotidiano. Sin embargo, no son necesariamente y en todo momento son vinculantes y complementarias y por ello pueden prestarse a interpretaciones que confunden el “buen sentido” de los que, siendo sujetos/pueblo o ciudadanos de a pie, el sistema político mexicano partidista nos mantiene a distancia de las decisiones que se toman cupularmente y en base a intereses de grupo. Baste como ejemplo de ello las decisiones tomadas para las candidaturas formales a gobernadores en 6 estados de la República (ver: Julio Astillero en la Jornada de 2 de enero), donde los elegidos nos dejan con grandes dudas sobre su afiliación e intereses.
Estas prácticas de quienes sin mayor renovación del quehacer político actúan con las mismas prácticas del antiguo régimen, se han adaptado a la nomenclatura partidista del pasado sin el mayor esfuerzo de comprensión y análisis de los riesgos que ello implica para el futuro político y social de los mexicanos que aspiramos a cambios sustantivos. Sin duda, el liberalismo burgués se recupera día a día a espaldas y sobre los hombros de los precursores del movimiento que desde una militancia diversa apoyaron la candidatura de AMLO a la presidencia de la República. La traducción a la realidad política mexicana del populismo teorizado por Ernesto Laclau, y su centramiento presidencialista en la figura del líder, caudillo o mesías -como ustedes prefieran- hoy muestra su frágil consistencia y tímida radicalidad al no manifestarse tomando las calles y protestando por las decisiones de supuestas dirigencias liberales que, si las cosas siguen como están, llevarán al traste los esfuerzos realizados hasta ahora por quienes, hoy disciplinada y casi sacrificialmente, aceptan sin reparo ver como tiende a reinstalarse una especie de conservadurismo blando que mas temprano que tarde sale nuevamente a la luz.
Creo que las dos acepciones de democracia que mencioné pudieron ser vinculantes y complementarias para llevar a AMLO a la presidencia de la República, así como también creo que muy rápidamente la vinculación se diluye al entrar en el juego de la nomenclatura convencional del partido político. Así, una democracia radical ejercida por un activismo que privilegia la participación diversificada y desmarcada de ligaduras burocráticas parece haber entrado en un estado de incapacidad de movilización, temerosa e insegura de la fuerza innovadora que representan como movimiento político contemporáneo.
Una especie de neopriismo se reconfigura en las venas y arterias de Morena, una que retoma los viejos procedimientos pragmáticos del hacer política, soportados en la disciplina, la desmovilización y centrados en la administración del voto y que poco a poco somete a la acción movilizadora de las masas que hoy están perdiendo la voz.
En ese sentido va mi reconocimiento de la propuesta del presidente AMLO al decir que el ejercicio de revocación/ratificación puede hacerse a pesar de ser considerado como “no vinculante”…¡que importa eso si lo que vale es demostrar la fuerza y el apoyo consensuado a la actual gestión presidencial! Si lo que importa es demostrar una fuerza real con capacidad de decisión y eso sólo es visible cuando se logra poner en escena la movilización y organización desmarcada de nomenclaturas hoy ya de dudosa reputación.
De hoy a abril hay 4 meses, suficientes para desplegar una organización popular que instale sus propias estructuras de consulta, su militancia voluntaria, su participación entusiasta orientada a una demostración de fuerza real. Eso es exactamente lo formativo de una democracia radical que educa y se educa para sostener y defender sus logros. Esa es la que puede desactivar la instalación y reinstitucionalización del neopriismo. Quizá en su momento pueda resolverse la confrontación de autoridad entre el INE-Legisladores- SCJN, en tanto, creo innecesario detenerse en ello pues la construcción de la justicia no necesariamente pasa primero por los corredores de la ley.
No se trata de negar la importancia de una ley que promueva la consulta para una revocación/ratificación presidencial…no esta de más. Pero en estos tiempos de desmovilización política y pragmatismo democrático, desde mi punto de vista, lo prioritario son dos cosas: a) la formación política de las mayorías que mantienen el consenso de ¡no más de lo mismo!; y b) sostener la demostración de fuerza popular que actualmente tiene la gestión gubernamental de AMLO. Apostarle a la pugna jurídico-administrativa como estrategia de demostración estadístico-política de fuerza no garantiza mucho – veamos la experiencia de otros gobiernos neoprogresistas latinoamericanos-, y que por otra parte, posiciona las tendencias neopriistas que hoy buscan reinstalarse. Si las cosas siguen como están, hay que adelantarse a los tiempos por venir y la innovación que representó hasta hace poco la participación popular tiene que seguir fortaleciéndose en un aprendizaje sin fin.
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