viernes, marzo 29, 2024
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Reforma eléctrica; entre los subsidios y la intervención extranjera

Apuntes económicos

Por: Edgar Sandoval Pérez
@EdgarSandovalP

Las implicaciones de la reforma eléctrica van más allá de la cuestión energética primaria; es decir, que todos tengamos energía eléctrica a la mano y de manera ininterrumpida. En las últimas semanas hemos visto el desarrollo de las discusiones referentes al origen, destino e implicaciones que contiene esta Ley.

En México, el 44% de la energía eléctrica es generada por empresas privadas mientras que el 56% corresponde al gobierno federal. Como sabemos, la industria eléctrica se considera un sector estratégico para el desarrollo de la nación, motivo por el cual se encuentra controlada por el Estado.

Este escenario ha sido motivo de debate, ya que por un lado nos encontramos con la perspectiva de libre mercado que aboga sea un asunto de particulares donde ya no sólo se encarguen de la generación de la energía (como ya lo hacen) sino que también tengan la posibilidad de la distribución, surgiendo así un mercado competitivo que nos brinde la posibilidad de un mejor precio a los usuarios.

Sin embargo, esto tiene una gran complicación, ya que el 46% del costo es subsidiado por el gobierno federal mediante la recaudación fiscal, lo que se traduciría en que al pasar a los particulares, el costo de la energía eléctrica aumentaría -al menos en el corto plazo-, siendo los más afectados los usuarios en condiciones de vulnerabilidad económica.

Sin embargo, hay otras complicaciones que se suman a la reforma, y es que se presentan las alteraciones de orden internacional, tal y como se ha visto con las declaraciones del embajador Ken Salazar, al exponer “preocupación” por la tendencia de la reforma. Lo irónico del tema es que el embajador Salazar cuando fue Secretario del interior en la administración Obama, dio grandes “permisos” a Shell, que ni es una empresa enfocada a la generación de energías verdes, ni se ha caracterizado por las mejores prácticas; aunado a esto, es fuerte defensor del “fracking”, tuvo una amplia participación en la construcción del oleoducto keystone XL y fue un cabildero reconocido en el Congreso del país del norte, con lo cual su postura sorprende, genera incertidumbre y hasta cierto punto desconfianza.

En la perspectiva del sector empresarial, la preocupación proviene del lado de las exportaciones y las inversiones, ya que en un apartado del T-MEC, se establece que la producción de los bienes que se comercialicen deben haberse realizado con una parte de energías sustentable y de no ser así, habría sanciones importantes que implicaria aumentos en los costos, sumado al hecho de darle preferencia a la CFE sobre las demás empresas generadoras de energía, así como para las grandes industrias que se basan en el autobastecimiento energético. Por otro lado habría una pérdida de confianza por parte de los inversionistas que podría arrojar resultados de un costo de oportunidad de 50 MMDD.

El punto medular de la reforma es la parte social, enfocada en garantizar el abastecimiento de energía eléctrica para todos los mexicanos, donde no haya problemas de apagones como los que hemos visto en diversas partes de la República, devengados por que a las empresas generadoras ya no les es rentable la producción en escenarios de alza en los precios de materia prima (carbón, gas licuado, etcétera) y prefieren parar producción, provocando un problema para la CFE que es quien distribuye -y es de reconocer que la CFE, tiene una calificación AAA-, lo cual no es correcto.

Desde el otro lado, esto también genera grandes complicaciones, ya que si de por sí hay un hueco fiscal que el año pasado superó los 70 MMDP proveniente de los subsidios, al estructurar la nueva reforma, se puede disparar y superar los 100 MMDP, por lo cual convendría darle una revisada a quienes realmente benefician estos subsidios, ya que la población que consume más energía eléctrica normalmente es la que tiene acceso a electrónicos de alto consumo (aire acondicionado, refrigeradores, etcétera) siendo su poder adquisitivo mayor al promedio, teniendo la capacidad de solventar al menos la mitad del subsidio, representando un ahorro de más de 35 MMDP.