Hipólito Rodríguez
El día 6 de agosto se presentaron campesinos de la región de Ixhuatlán del Café a pedir justicia en la plaza Regina, el corazón de las expresiones políticas en la capital de Veracruz. Denunciaron que siguen en pie acusaciones en su contra, a pesar de que se han reunido pruebas contundentes de que la empresa que los acusa construyó —con la compra de testigos— evidencias falsas sobre su participación en un incendio. De hecho, se ha demostrado que fue la misma empresa la que ocasionó ese incendio en el interior de sus instalaciones. La empresa se llama Agroindustrias Unidas de México (AMSA).
Las preguntas que nos hacemos todos los que escuchamos las palabras de los compañeros son: ¿No habrá castigo contra una empresa que inventó una ficción para incriminar a campesinos pobres que solo exigen precios justos a su café? ¿Quién pagará el costo que todo este proceso ha ocasionado? Nos referimos no sólo al costo económico, pérdida de producción, gastos en abogados, caída de ingresos. También hablamos del costo moral, del impacto que toda esta injusticia tiene en la vida social y familiar, pues cinco personas estuvieron en prisión a causa de una inculpación elaborada con falsos testimonios.
Los campesinos reclaman que un gobierno estatal que se dice fiel a los principios de Morena —no robar, no traicionar, no mentir— no honre esos principios. Ahora resulta que, a pesar de las pruebas aportadas por testigos de verdad, la Fiscalía no puede retirar los cargos contra los siete campesinos que todavía siguen en riesgo de ser detenidos, aun cuando no haya nada que soporte ya la acusación.
Entre las personas que fueron apresadas figura la ex alcalde de Ixhuatlán del café, quien señaló que hay clara evidencia de que el día que se produjo el incidente por el que la acusan (un fuego que prendió la propia empresa), ella estaba en Querétaro. Pero eso no importó: la metieron a la cárcel. ¿Las falsas acusaciones no deberían ser castigadas? ¿No debería sancionarse a la empresa por lastimar la reputación de una persona intachable?
Los campesinos lo único que han venido reclamando, desde hace años, es un precio justo para su producto: en este caso el café. Para la empresa eso parece constituir un crimen. Y el gobierno que dice defender a los pobres se pone del lado de la empresa. ¿No es una incoherencia muy grave? ¿No reciben un buen salario los funcionarios que deben estar atentos a investigar y proteger la justicia? Ahora la demanda de los campesinos se limita a esto: que se cierre el caso. Que se reconozca que todo fue una ficción diseñada y financiada por la mala fe de una empresa. Que se deje de hacer daño a una comunidad pobre que ya ha sufrido bastante con los abusos económicos y ambientales de una empresa trasnacional.
La riqueza producida, dicen los campesinos en su protesta, no llega al campo. Afirman que está en curso un proceso económico que busca quitarles la tierra y el agua. Con tan malos precios a sus productos, lo que se consigue no sólo es incrementar las ganancias de las empresas. También se produce un efecto más pernicioso: que los jóvenes abandonen el campo, que migren, que se vayan a otras tierras, que pierdan el vínculo con su comunidad, que se vuelvan vulnerables a la atracción del crimen organizado.
Al lado de los campesinos se hizo presente la solidaridad de muchas organizaciones sociales que defienden el interés del pueblo explotado. Ellos mismos expresaron su solidaridad con los campesinos de Totalco: en la injusticia que se cometió en su contra, donde dos jóvenes fueron asesinados por policías estatales, reconocen la misma situación por la que ellos atraviesan. De hecho, nos dicen, la empresa productora de cerdos en la región de Perote, es la misma empresa que maltrata a los campesinos de las regiones cafetaleras. Ello explica que su demanda se formule en estos términos: ¡Alto a los abusos y agresiones de la transnacional ECOM-AMSA-CARROLL en México!
Para las organizaciones campesinas, es claro que hay un vínculo entre la fiscal y los funcionarios de la empresa: ambos se han planteado proseguir el acoso legal a los trabajadores del campo, pues incluso ahora se persigue a los campesinos de la región de Perote. La fiscal sigue los pasos de la empresa, denotando una relación de complicidad con la trasnacional. La criminalización de las luchas por la justicia es un método que forma parte del antiguo régimen, pero parece que aún hay funcionarios anclados en ese pasado.
