domingo, mayo 29, 2022
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Fortalezas de la reforma electoral

En el artículo anterior, con el propósito de promover el debate sobre la reforma electoral propuesta por el Presidente, fueron planteadas 4 preguntas: ¿Es necesaria?, ¿Contribuye a la democratización del país?, ¿Beneficia al ciudadano?, ¿Funcionará en caso de ser aprobada? La primera, después de una breve revisión de las reformas pasadas, fue contestada afirmativamente; a las otras tres se les intentará dar respuesta en los párrafos siguientes.

A saber, todas las reformas, en su texto inicial, incluyen los motivos que las justifican. Básicamente argumentan buscar el bien común, ya sea beneficiando un sector o varios. Lamentablemente, como ocurrió con las reformas neoliberales, el articulado rara vez refleja eso, sino lo contrario. No obstante este mal de origen, dichas reformas fueron aprobadas gracias a los mercenarios de la política. En la iniciativa de AMLO que propone reformar más de una decena de artículos Constitucionales (35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 115, …) relativos al Sistema Electoral, los motivos permean las propuestas concretas. Al menos en el caso de los organismos electorales (INE, Oples, tribunales y partidos) la intención de democratizarlos en beneficio de beneficiar de los ciudadanos coincide con los cambios en la norma. Esta congruencia debería ser suficiente para centrar la discusión en lo técnico. No será así. Habrá batalla en el congreso, polarizada y alejada de la argumentación lógica. Veremos predominar las posturas irracionales y facciosas de los llamados pilares del sistema electoral mexicano (PSEM) oponiéndose a la urgente necesidad de evolucionar.

Revisemos el caso de los partidos. Gran parte de la población los considera parasitarios, corruptos y onerosos. Los tres calificativos los describen a plenitud. Lo parasitario, por perjudicar y vivir a expensas de quienes los alimentan. Lo corrupto, dimana del incumplimiento de su obligación de “promover la participación del pueblo en la vida democrática” conforme lo establece el artículo 3 de la ley General de Partidos Políticos (LGPP). Asimismo, su descomposición proviene de su negativa de instituir el poder en beneficio del pueblo (art. 39 Constitucional) privilegiando las necesidades particulares sobre las colectivas. Igualmente, dichas entidades, transgreden el artículo 25 (LGPP) referente al respeto de los procedimientos normativos para postular candidatos. Sus órganos de gobierno no funcionan más que por consigna, generándose el aislamiento de los movimientos sociales y militantes honestos. Las cedes físicas nacionales son exclusivos centros de operación electoral desde donde las cabezas de pandillas o facciones envían sus representantes a los Estados. En suma, rara vez su práctica partidaria corresponde a la normatividad estatutaria.

En cuanto a su onerosidad, esta proviene de administrar sin transparencia los recursos públicos; unos y otros, parecen cuevas de Alí Babá, agencia de ventas o refugio de oportunistas sin identidad ideológica. Por cierto, de los 7 partidos existentes, el único con identidad de clase es el PAN, al defender sin ambages los intereses de la oligarquía.
Algo similar sucede en el INE, alter ego de los partidos; allí se replican la corrupción, la onerosidad y el actuar faccioso en sus integrantes. Prueba de lo segundo es la sistemática violación de la F-II del artículo 127 constitucional que dice: “ningún servidor público podrá recibir remuneración, … , mayor a la establecida para el Presidente de la República”. Es un elefante blanco que por su descomposición se parece más a los establos del rey Augías que a una institución republicana. Su fetidez, producto de su incontinencia se detecta a leguas. Su inmundicia se sale de madre contaminando todo a su paso; tanto, que ni las aguas de los ríos Misisipi y Amazonas juntos podrían limpiarlo.

Doloroso reconocerlo, pero cierto, los PSEM están podridos y extraviados al parecer sin remedio. Siendo así ¿Por qué debemos pagarles miles de millones de pesos? Probablemente AMLO, recordando los fraudes pasados se hizo la misma pregunta y hoy como presidente intenta darle un chance a la democracia para recuperar la credibilidad perdida. De ser aprobada la reforma en los aspectos del financiamiento ( austeridad republicana, supresión de 200 diputados y 32 senadores y limitación de las aportaciones públicas a gastos de campañas), indudablemente aliviarían la carga al presupuesto. Ningún ciudadano honesto puede aprobar se gasten 41 mil millones de pesos en un proceso electoral. ¡7 mil millones más de lo gastado en vacunación. Es inadmisible e indignante la inequidad abismal resultante de comparar el salario mínimo mensual ($ 172.87 x 30), devengado por un trabajador mexicano con los 600 mil pesos que el presidente del INE se embolsa cada mes laborando sólo 20 días. El trabajador debe laborar casi ¡10 años! para igualarlo.

¿Funcionará la reforma?

Las expectativas de éxito son bajas, sobre todo en los aspectos correspondientes a los intereses partidistas. El INE y los partidos no permitirán les sean disminuidas sus prerrogativas económicas ni las curules o puestos. MORENA, hubiera podido ser la honorable excepción, pero, fraccionada y disfuncional como la dejaron sus insanas alianzas, dividida por los presidenciables y con procesos electorales en puerta poco o nada podrá hacer. La sola voluntad de AMLO no basta para democratizar y dignificar la vida política del país. Es una tarea que corresponde fundamentalmente a los ciudadanos organizados.
En definitiva, la clase política no permitirá, sin presión popular, le restrinjan privilegios. Mucho menos aceptará ampliar los mecanismos de participación ciudadana (art 41, 36 F-III). ¡Vamos!, Ni siquiera retóricamente los PSEM propondrán alguna vez la constitución de Consejos Ciudadanos o tribunales populares que pudiesen encargarse de la cancelación, registro de los partido, enjuiciamiento de los políticos corruptos o encargarse de las consultas, referéndum, etcétera.

Por todo lo anterior e independientemente de lo que resulte, mientras no se incluyan elementos legales efectivos que faculten a la comunidad vigilar, sancionar y destituir a la autoridad electoral o servidor público que no cumpla su función con honestidad, no habrá avances democráticos significativos.