jueves, marzo 28, 2024
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FALANGES: Sobre la gobernabilidad democrática

Luis Adalberto Maury Cruz
lmaury_cruz@hotmail.com

¿Qué es la gobernabilidad?, ¿Cómo desarrollar una gobernabilidad democrática? El desarrollo político que no se traducen en servicios y obras públicas que permitan el libre desarrollo de las personas es una quimera, este desarrollo es progresividad delimitada por un marco presupuestal. Aunado a la participación ciudadana en lo público.

En efecto, el estado de derecho es condición para la gobernabilidad, su ausencia es perdida de la institucionalidad y crisis política que se traduce en ingobernabilidad. El fortalecimiento de la vida institucional del Estado es el medio para la gobernabilidad que se sustenta en el principio de legalidad y en la progresividad de los derechos humanos.

El reto público es generar condiciones para una mayor participación social y ciudadana; lo cual es una intervención proactiva y permanente en el ejercicio de los derechos políticos del connacional, pues las facultades concedidas al Gobierno en materia del derecho público y en particular del derecho fiscal lo hace, a la luz de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, más sujeto a controles para el combate a la impunidad, a la corrupción y garantista de la condición humana. Es imperante pugnar por un Estado pro-persona, y un gobierno abierto en términos de transparencia y rendición de cuentas. Por ello, son inamisibles los delitos de ultrajes a la autoridad cuando vulneran derechos humanos, como ocurre en Veracruz, o que se sea opaco en la función pública.

Esta forma de comprender la gobernabilidad es desde un margen de progresividad democrática y de derechos humanos pone al centro del Estado la dignidad de la persona, es crucial asumirlo como principio político. Por ello, al gobierno le es permitido todo lo establecido por ley estando delimitado por la salvaguarda proactiva de la dignidad de la persona, esto se debe manifestar en obras y servicios públicos eficientes y eficaces.

El incumplimiento de lo señalado arriba, no es un simple y grave incumplimiento de un deber legal, sino que de acuerdo a la especificidad del caso sería una violación de derechos humanos que por su propia naturaleza seria imprescriptibles, lo cual colocaría al infractor en la posibilidad de la inhabilitación permanente, la obligatoriedad del resarcimiento del daño, la sanción pena y administrativo consecuente.

La ausencia del fomento a la participación política de los connacionales es violatoria de la progresividad democrática y de los derechos humanos. El problema estructural de la participación en una democracia son los grandes niveles de pobreza del Estado, en México más 60 millones de personas están en ésta condición, producto del neoliberalismo implantado desde la década de los 80 del siglo XX. Se está en una democracia deficitaria, pues antes de pensar en lo público se piensa y se actuará para satisfacer necesidades básicas como las alimentarias.

Por ello, la política social federal tiene el efecto de contribuir con la gobernabilidad y conforma una clientela política que le es connatural, empero esto también es mandato de urnas. Es necesario un enfoque de desarrollo económico sustentable, cosa aún pendiente, en los Estados y en MORENA no se entiende, dado el nivel de improvisación y desconocimiento de lo público que es notorio.

La participación supone tanto el desarrollo de la cultura de la civilidad y de la organización social, lo cual se torna deficiente en un Estado con pobreza y con déficit educativo; así como con rupturas del tejido social, sin embargo, en México y en Veracruz el cambio de élites políticas en el poder se debió al hartazgo social, al agotamiento del modelo neoliberal y su precaria sensibilidad social, aunado a la corrupción en sus diversos aspectos pero siendo la concentración de la riqueza el primer factor de la caída de este modelo. Esto llevó a la insurrección política de hace más de tres años.

La consulta de revocación de mandato del próximo domingo 10 de abril, es mandato de urnas y un instrumento de participación ciudadana que se debería seguir en los tres niveles de gobierno y también en el poder legislativo. La consulta es una obligación del gobierno y un derecho del ciudadano independientemente del rango de participación.

Hoy el reto no es retornar al modelo neoliberal, sino transitar a una cultura del respeto al mandato de las urnas, donde ganadores y opositores acaten lo sufragado en cada proceso electoral; sin embargo, son menester las alianzas políticas en el marco del estado de derecho y del respeto a la voluntad popular. He allí la condición de civilidad que hoy se demanda, a partir de los procesos electorales de los últimos años el mandato es claro no más neoliberalismo, pero de éste modelo viene la progresividad de los derechos humanos; luego, hay que retomar sólo aquello que garantices el libre desarrollo de la persona.

De ésta forma la gobernabilidad democrática hoy sólo es posible en condiciones de participación social, transparencia y rendición de cuentas. Lo cual supone hibridar la política social y económica, la progresividad democrática, los derechos humanos, en obras y servicios públicos que garanticen el libre desarrollo de la persona, esto es el fin de la gobernabilidad. En fin, ¿usted qué piensa?…