Por Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes
El Proyecto de Nación 2018-2024 de Andrés Manuel López Obrador es un conjunto de ideas y propósitos que contiene de “forma embrionaria” la reconstrucción de un nuevo pacto social (contenido ya en la Constitución del 17, pero destruido después), se trata de una estructurada plataforma de acción que posteriormente fue plasmada y reordenada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para planificar, conducir, coordinar y orientar la economía del país; un documento que además de cumplir con el mandato constitucional sobre la planificación sexenal de la economía, refrenda con claridad y precisión el pensamiento político social del entonces ya electo presidente de la República con propósitos radicalmente distintos a los del neoliberalismo: el bienestar general de la población, el estado de derecho con una nueva ética social (Es importante recordar que los planes sexenales nacieron en la presidencia del general Lázaro Cárdenas con la idea de ordenar el crecimiento del país tanto a nivel federal como estatal y municipal para organizar democráticamente las diferentes ideas y acciones de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo ulterior de alcanzar el desarrollo económico y social de todos los mexicanos).
El Proyecto de Nación 2018 fue plasmado puntualmente en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) con una coherencia que demuestra que el ideario social del político Andrés Manuel se fue consolidando mediante la atención a las demandas del pueblo escuchadas a lo largo de sus años de lucha, trayectoria que lo conformó como candidato a la presidencia en su larga marcha por el país, ya que no dejó ni un municipio sin visitar, y que por lo tanto, con el valor de la consulta consensada, ahora plenamente sustenta con la sociedad mexicana los objetivos que se propone alcanzar y los medios para lograrlo como presidente de la República.
El actual Plan nacional de Desarrollo que nos rige no sólo es una orientación general de gobierno sexenal, sino un programa de acción política: mandar obedeciendo, el poder público debe servir en primer lugar al interés público, que fija desde el mismo índice los principios éticos que regirán la conducta de la autoridad federal, así como el ideario social de Andrés Manuel López Obrador para construir un país con bienestar: honradez y honestidad; para decir no al gobierno rico con el pueblo pobre; al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie; para el desarrollo de una economía para el bienestar; para precisar con claridad que el mercado no sustituye al Estado; que por el bien de todos, primero los pobres; para no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; ya que no puede haber paz sin justicia; y reiterar que el respeto al derecho ajeno es la paz; y luchar por no más migración por hambre o por violencia; ya que la democracia significa el poder del pueblo: lo que involucra un comportamiento del gobierno con ética, libertad, confianza. La congruencia de este programa social es indiscutible e implica, como el mismo PND lo menciona: “la restitución de los vínculos ente las palabras y sus significados”.
Históricamente, de manera opuesta, los presidentes después de Cárdenas. fingieron en general tanto la consulta popular como hicieron letra muerta de los planes sexenales que elaboraban después de costosas giras por el país con el sólo objeto de aparentar la consulta a la sociedad y transmutarla en leyes, programas y presupuestos que desde luego no se respetaron ni en la ejecución de los proyectos, ni en el manejo de las finanzas, pues la regla frecuente siempre fue la simulación y la corrupción generalizadas. La política económica que funcionó correctamente para el país durante más de doce años, la del desarrollo estabilizador, fue abandonada por una demagogia populista que sólo endeudó a México y desató una larga –y de hecho aún persistente- crisis económica que convirtió a la Nación en rehén del Consenso de Washington en una primera fase, y posteriormente, en un obediente discípulo de la política neoliberal del desarrollo desestabilizador y privatizador dictada desde el mismo sitio y con la misma orden en contra de los ciudadanos a pie.
De forma opuesta, el actual PND plantea en sus lineamientos la posibilidad democrática de construir una “propuesta posneoliberal” y de convertirla en un modelo de honradez y honestidad y viable en el desarrollo económico, el ordenamiento político y la convivencia entre los sectores sociales, sin simulaciones y corrupciones, un modelo transformado y transformable de la política y la sociedad.
La enumeración de los problemas creados por la oligarquía neoliberal “nacional” al país merece muchos libros; no obstante, en la parte introductoria del PND 2019-2024 éstos se esbozan y contrastan con la necesaria austeridad republicana, con la propuesta de solución de los problemas mediante el dialogo, con el necesario fin de los privilegios ante la ley y el cese de los fueros de los “virreyes” no hispanos (pero tampoco mexicanos) del siglo XX.
El capítulo de la economía para el bienestar propuesta en el Plan, es un deber para los gobiernos de nuestro país que ha sido sistemáticamente ignorado, pero que implica de manera sustancial el fortalecimiento del mercado interno; debería estar ya claro que el mercado no puede sustituir al Estado, pues la política económica debe estar dirigida, por ejemplo, a evitar la emigración por hambre o por violencia mediante el fortalecimiento de nuestra agricultura cuya riqueza natural puede ser multiplicada con la adición de valor industrial mediante la investigación, la ciencia y la educación.
La educación es la vía para transformar la pobreza en riqueza, la socialización del conocimiento es un deber de Estado que ningún mercado va a cumplir para no dejar a nadie atrás ni fuera, y que se plantea en el Plan instrumentos para incluir a los pueblos originarios en términos respetuosos de su propia formación cultural identitaria, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de los habitantes futuros del país.
Esta política se ejercerá mediante el poder del pueblo, mediante la democracia participativa que involucre a toda la sociedad en las grandes decisiones nacionales, tal es el sentido de la consulta popular bajo el principio de una “sociedad que mandando se obedezca a sí misma”.
La política expresada ya en el Proyecto de Nación –basada en el nuevo consenso nacional y que va de la democracia representativa a la democracia participativa- esta basada en la ética, la libertad y la confianza como principios civilizatorios, ya que considera que la colaboración es más eficiente que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición, más fructífera la confianza que la desconfianza, en una tarea que involucra a campesinos, artistas, comerciantes, empresarios, trabajadores, profesionistas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, norteños y sureños, indígenas y mestizos, esto es, al pueblo.
La transformación del país se logra mediante el diálogo y la participación del pueblo como lo señala el Articulo 39 constitucional. Lo que ahora sucede es que el gobierno federal está recuperando su función de “arbitro auspicioso y constructivo de los conflictos […] como guardián de los derechos individuales y colectivos”.
