Orlando Delgado Selley
Lo que se esperaba como el final de un largo proceso de análisis del fatal accidente de abril de 2021 ha derivado en una nueva controversia, ahora entre el grupo noruego DNV y el gobierno de la Ciudad de México. El informe final de DNV, que antes de su liberación formal por el gobierno citadino fue conocido y reportado ampliamente por diversos medios, señala que hubo causas concurrentes para que se produjera el accidente de la línea 12. Cada una de estas causas pudieron resolverse en su momento, en cuyo caso se hubiera evitado la tragedia.
De acuerdo con el informe, hubo problemas en el diseño de la línea, los hubo en la construcción, en la certificación y, finalmente, en las inspecciones y el mantenimiento. Es cierto que el informe no establece “una jerarquía entre las causas concurrentes”, pero también es cierto que esas cuatro causas concurrentes existen. Negar este hecho es absolutamente insensato. Ha emprendido una reclamación que se propone evitar que se reconozca que su administración tiene responsabilidad en el colapso de la línea 12.
La respuesta de la administración de Sheinbaum después del accidente fue que la explicación del colapso debía buscarse entre quienes diseñaron y construyeron la línea y quienes la operaron los siguientes seis años. Esa explicación pretendía eximir de responsabilidad precisamente a la administración del Metro y de la ciudad a la que le ocurrió el accidente y que recibió funcionado la línea 28 meses antes del derrumbe. Esta explicación es evidentemente inadmisible. El dictamen señala lo obvio: hubo cuatro causas que se conjuntaron y provocaron un efecto en cascada. No puede eliminarse ninguna de estas causales, sin incurrir en una falta a la verdad técnica y una falta ético-política al no reconocer una responsabilidad compartida.
La pérdida de estabilidad en la estructura ferroviaria tiene que explicarse por el desgaste estructural provocado por falta de mantenimiento agravada, además, por la ausencia de inspecciones regulares. Por supuesto, si el diseño hubiese sido apropiado, si la construcción hubiese sido hecha escrupulosamente y se hubiera certificado todo con arreglo a protocolos conocidos mundialmente, la estructura no hubiera fallado. Pero tampoco hubo el mantenimiento adecuado, pese a que la línea tenía conocidos problemas de origen que provocaron la suspensión del servicio durante 18 meses; y pese a que, además, el temblor de 2017 fue lo suficientemente fuerte como para llevar a una revisión profunda, que tenía que repetirse periódicamente. Estas revisiones tendrían que haber detectado los problemas que ocasionaron el posterior derrumbe.
El informe de DNV constata que en 2019 se hizo una revisión para conocer en qué condiciones estaba la línea 12. No hubo ningún hallazgo, pero la empresa contratada para hacer la revisión adujo que sus resultados no fueron concluyentes, porque hubo un muestreo reducido y un periodo de evaluación demasiado corto. El informe agrega: “Deberían haberse realizado inspecciones más detalladas por un especialista que representara a la dirección de ingeniería civil del STC [Sistema de Transporte Colectivo] en los casos de eventos extraordinarios”, lo que señala que el STC no participó en la medida necesaria para conocer de una situación ciertamente excepcional. El gobierno de la CDMX ha planteado que no se consideraron bitácoras del mantenimiento llevado a cabo entre 2019 y 2020, lo que debiera haber llevado a modificar las conclusiones de DNV, pero la empresa considera que utilizó la información que le entregaron. Lo mismo puede señalarse respecto a la comparación con el tramo espejo. El resultado de esta comparación no es concluyente, como lo advierte el informe de DNV, pero lo que es indiscutible es que de haberse hecho no altera el análisis de lo ocurrido y sólo propondría hipótesis que ilustrarían lo que hubiese ocurrido si todo hubiera funcionado correctamente, lo que evidentemente no ocurrió.
La disputa del gobierno de la CDMX y DNV no llevará a una conclusión definitiva. Es claro que la administración capitalina no aceptará las conclusiones y que DNV tampoco aceptará los cuestionamientos del Gobierno de la Ciudad. Consecuentemente, el dictamen se convertirá en parte de la contienda política en la que estamos. No ganará el gobierno de Sheinbaum. Tampoco la empresa. Y por supuesto, menos los ciudadanos. El resultado del dictamen, en consecuencia, tendremos que hacerlo los ciudadanos.
Hay pistas que marcan el terreno: la constructora de Slim estuvo de acuerdo en pagar las reparaciones, sin aceptar responsabilidad en el asunto. Admitió, confidencialmente, pagar a los afectados una indemnización a cambio de que éstos eximieran a Carso de responsabilidad. El gobierno actual sólo reconoce que otras administraciones fueron responsables, pero ha admitido que no hay empresas a las qué asignar también responsabilidad en el accidente. En conclusión, políticamente el costo será alto. Morena pudiera perder el gobierno en las próximas elecciones y Sheinbaum pudiera haber perdido ya su posibilidad presidencial.
