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El caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia

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Por José Roberto Ruiz Saldaña

El quince de septiembre de dos mil cinco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió el Caso de la Masacre de Mapiripán contra Colombia. Se trató del segundo asunto de masacres en ese Estado Parte de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos que conoció la Corte -el primero fue el Caso de los 19 Comerciantes, abordado ya en este espacio-, desde que ese país aceptó su jurisdicción en junio de mil novecientos ochenta y cinco.

Este caso, doloroso y que también debe llamarnos a la reflexión, se remonta al quince de julio de mil novecientos noventa y siete, cuando aproximadamente 100 miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) rodearon Mapiripán por tierra y por el río, separando primeramente a 27 personas identificadas en una lista como supuestas auxiliares, colaboradoras o simpatizantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes fueron torturadas y desmembradas, por un miembro de la AUC, conocido como “Mochacabezas”. Entre el quince y veintiuno de julio de ese año, impidieron el libre movimiento de habitantes en el municipio, y torturaron, desmembraron y decapitaron aproximadamente 49 personas de quienes arrojaron sus restos al río Guaviare.

El municipio de Mapiripán, de 11,400 kilómetros cuadrados, está situado al sudeste del Departamento de Meta, Por tierra, lleva nueve horas aproximadamente llegar desde el municipio de Villavicencio, es decir, es un lugar apartado. El Departamento de Meta, sostiene la sentencia, era considerado un importante productor de coca y amapola, así como de agricultura y cría de ganado. Por ser un área estratégica, desde principios de los noventa grupos paramiltares, varias organizaciones traficantes y las FARC buscaron su control. Por ello mismo, las AUC habían lanzado también una campaña para incrementar su control sobre ese territorio.

La sentencia de la Corte IDH abordó en alguna medida el grave problema de las personas desplazadas internamente con motivo de la violencia, tema en el cual vale la pena detenerse. Nory Giraldo de Jaramillo, esposa de Sinaí Blanco Santamaría, por ejemplo, testificó que dejó Mapiripán porque, cuando mataron a su esposo, logicamente tuvo que irse; que como desplazada tenía miedo de todo; no tuvo dónde trabajar y debió rogar por ayuda a quien tuviera voluntad de darle algo.

El problema del desplazamiento interno en Colombia -continuaba apuntando la sentencia- comenzó en los años ochenta, afectó grandes grupos de población y fue progresivamente empeorando. Fuentes gubernamentales registraban 985,212 personas desplazadas entre mil novecientos noventa y cinco y el año dos mil dos. La Red de Solidaridad Social, por su parte, registraba aproximadamente 1.5 millones de personas desplazadas, mientras otras fuentes gubernamentales estimaban entre 2.5 y 3 millones de personas.

Las razones y expresión de la aguda vulnerabilidad de las personas desplazadas han sido caracterizadas -continuaba la sentencia de la Corte IDH- desde varias perspectivas. Tal vulnerabilidad es reforzada por su proveniencia rural y su grave repercusión psicosocial. En el caso colombiano, el problema afectaba especialmente a mujeres, quienes eran jefas de familia y constituían más de la mitad de la población desplazada. Generalente hablando, mujeres, niños y jóvenes eran los grupos más severamente afectados por el desplazamiento.

La crisis por dicho desplazamiento interno, a su vez, causaba una crisis en seguridad, porque los grupos de personas internamente desplazados llegaban a ser nuevas fuentes o recursos para el reclutamiento de los mismos grupos paramilitares, de traficantes de drogas, y de las fuerzas guerrilleras. El retorno de las personas a sus hogares en la mayoría de los casos carecía de las necesarias condiciones de seguridad y dignidad para ellas. Los departamentos que más habían sufrido este fenómeno severamente habían sido Antioquia, Santander, Meta, Córdoba y Bocayá en cuanto regiones responsables de expulsar la mayor parte de población afectada.

La grave crisis de inseguridad que vivimos en México, que desafortunadamente ha persistido y por esa razón se ha agravado, debe llevar a preguntarnos de qué dimensión es el problema de las personas desplazadas internamente, si estamos atendiendólo y si las autoridades están siendo conscientes del gran efecto reproductivo que tiene en la inseguridad misma. Duele decirlo, pero peor sería negarlo: quizá es tiempo que en México aprendamos de la experiencia de aquellos países que vivieron lo que hoy, nosotros, también lamentablemente, vivimos.

@Jose_Roberto77

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