Por Verónica Cornejo
Como se ha visto en los últimos tiempos, el desorden y la confusión imperan en el sistema de justicia de Veracruz; muchos ciudadanos viven vulnerables e inermes ante las frecuentes acusaciones falsas de que son objeto, mientras el poder judicial del estado parece tener “otros datos” y funciona cimentado en la corrupción y la impunidad.
Pero las autoridades se niegan a reconocer esta verdad, incluso, la Fiscal General ha afirmado que en la entidad no hay “impunidad ni simulación”.
Desgraciadamente, los veracruzanos viven una realidad muy distinta: son víctimas de un sistema judicial corrupto y viciado donde los procesos se caracterizan por irregularidades, parcialidad, inequidad, omisiones, incongruencias, inexactitudes y aberrantes errores.
Para quienes se encuentran en medio de algún proceso judicial, la actuación de las autoridades de justicia sigue una línea reincidente: detenciones arbitrarias, ausencia de investigación, reclasificación de los delitos o errores, omisión de la presunción de inocencia, abuso de autoridad y un sinfín de violaciones al debido proceso.
Casos de abusos en Veracruz hay una infinidad. Uno de ellos es el de Javier Breña, quien en medio de un proceso de separación y luego de una discusión donde no hubo acuerdo sobre la repartición de los bienes, la mamá de sus hijos interpuso una denuncia falsa acusándolo de abuso sexual contra su hijo menor. Con sólo dichos y decires, y sin que ella presentara una sola prueba, las autoridades procedieron y le quitaron la guarda de los menores (a la fecha lleva cuatro años sin verlos); meses después lo aprehendieron -la primera vez- sin que mediara ninguna orden; la carpeta que inicialmente fue archivada por falta de pruebas, en abril de 2022 por la Fiscal 4ª, Lic. Dulce Janet García Castañeda, fue nuevamente abierta por ella el 10 de noviembre de ese año, lo cual derivó en la detención de Javier; para ello, sometieron al menor a una tercera entrevista (lo que es ilegal conforme al Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia) y, con este nuevo testimonio como “prueba”, reclasificaron el delito, con lo que, finalmente, la jueza Lic. Karin Lozada Hernández, justificó la prisión preventiva. Mónica Segovia Jácome, quien lleva a cabo la audiencia inicial, no permitió a la defensa de Javier presentar contrargumentos. A la fecha, Javier lleva 7 meses encarcelado en Pacho Viejo y su caso es una maraña de irregularidades y omisiones basadas en una falsa acusación.
Otro caso donde abundan los enredos es el de Emmanuel Barrios, quien fue privado de su libertad a solicitud de su expareja, al acusarlo de violencia familiar. Sin que ella presentara pruebas y con la falta de investigación de las autoridades, Emmanuel fue detenido: los policías le dijeron que era por violencia familiar, pero en la Fiscalía le dijeron que era por violencia de género (dos delitos diferentes), y todo esto sin investigación previa. Emmanuel lleva más de seis meses sin ver a su hija y más de un año de encontrarse en medio de un proceso judicial para que se le reconozca legalmente la paternidad de la pequeña de 3 años, a quien la mamá le prohibió conocer desde que nació, además de que, en reiteradas ocasiones, le ha negado la convivencia, sin razón. O tal vez sí hay una: desde el inicio de la relación, la mamá de la niña le dijo a Emmanuel que era divorciada, pero la realidad es que ella sigue legalmente casada con otra persona. Desgraciadamente, las autoridades de justicia le dicen a Emmanuel que el proceso va a tardar, porque hay mucho trabajo y pocos recursos.
La falta de objetividad, imparcialidad, equidad y efectividad del sistema judicial nos pone en riesgo a todos. Si, a todos: cualquiera (usted, yo, algún familiar o conocido), puede ser aprehendido, acusado de cometer los delitos más graves y encarcelado sólo con dichos y decires, sin que se presente una sola evidencia, porque en el Poder Judicial de Veracruz no se investiga, no hay capacitación de funcionarios, no hay equidad en la impartición de justicia ni profesionalismo en sus autoridades; desastrosamente, domina una total anarquía y un absoluto desprecio a principios y leyes; y como ejemplo más horrendo de la corrupción, los jueces actúan bajo consigna política. Impera una grave descomposición en todo el sistema judicial de Veracruz que impacta negativamente en la vida económica, social y política de la entidad.
Habría que preguntarnos si el sistema judicial tiene la capacidad, la convicción y el profesionalismo para garantizar una buena administración de justicia para los veracruzanos, o sólo opera para construirle imagen al gobierno en turno usando estadísticas decorativas.
