domingo, julio 3, 2022
Anúnciate aquíGoogle search engine
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Activismo y Planeación territorial en el Pacífico Sur

Eder J. Noda Ramírez

Las demandas populares en América Latina se han convertido en un vehículo histórico para movilizar recursos sociales y políticos con la finalidad de lograr un bien común, generalmente de interés nacional. Estos regularmente son conducidos por movimientos sociales y ejercicios activistas que revelan profundas problemáticas societales.

También, representan a un contrapoder activo que está en constante conflicto y negociación con los gobiernos en turno, haciendo válida su membresía de actores políticos críticos, por ejemplo, la prensa. Históricamente, las propuestas o protestas se han discutido en los poderes legislativos por las grandes disputas que acontecen en el juego de las reformas (energía, educación, derechos humanos, trabajo, etc.) o exigencias inmediatas a los mandatarios sobre casos urgentes (feminicidios, desplazados, desapariciones, secuestros, impunidad).

En México, tenemos casos en los últimos diez años sobre la demandas populares que se gestionan desde el activismo político y movimientos: Ayotzinapa, 8M, las movilizaciones y resistencias indígenas en Oaxaca o Chiapas o los grupos autodefensas. Estos buscan objetivos comunes desde múltiples aristas que se van sobreponiendo en el tiempo, enfocados al reconocimiento de la persona como sujeto de derecho, la impartición de justicia, la equidad, la inclusión, la paz, la lucha contra la violencia, entre otros temas de agenda pública y gubernamental.

El activismo político no siempre resulta en movimientos sociales porque se trata de un procedimiento de gestión de resultados a problemáticas sociales de diferentes sectores a través de plurales mecanismos de demanda pública: medio ambiente, justicia social, seguridad ciudadana, desarrollo territorial, expresiones culturales, infancias, por mencionar algunos. Se convierte en un oficio cuando es una constante formada por cuadros civiles o ciudadanos más o menos organizados y con redes de alcance significativas en la acción política y en la generación de conocimientos que conduce también a los movimientos sociales.

En este sentido, el activismo política se va actualizando a los cambios vertiginosos de las sociedades de riesgo y volátiles. Por tanto, en el siglo XXI ya no es posible pensar en categorías desérticas, aisladas o sectorizadas, porque los problemas públicos son complejos, simultáneos, heterógeneos, los grupos de activistas son multidisciplinarios y muchas organizaciones civiles han acumulado experiencias y aprendizajes significativos, lo que genera un sistema interconectado de las propias demandas populares y sociales. Lo único que no cambia en el tiempo es que las demandas exponen un antagonismo ante el poder establecido, representan una parte de la totalidad política, insatisfacción e inconformidad y también la forma de encadenamientos con otras demandas o problemas (Laclau, 2005).

Ante esto, surgen doscuestionamientos como ventanas de análisis para la gestión de las demandas populares: ¿cómo hacer efectiva y sostenida la acción colectiva para la hechura de soluciones y políticas que corresponden a demandas populares complejas? ¿Cuáles son los mecanismos participativos eficaces para conducir al activismo y la movilización a un diálogo robusto que genere co-gobiernos?

El caso de la Playa Bachoco en San Pedro Mixtepec (Oaxaca), resulta paradigmático para la organización colectiva que busca impactos en la planeación territorial. En los meses de marzo y abril de este año, ciudadanxs, activistas y organizaciones civiles que promueven la protección y cuidado del medio ambiente, se manifestaron en contra del proyecto Oxean que cuenta con licencias y permisos (locales y federales) para construir más de 80 departamentos en la playa mencionada, lo cual provocará impactos negativos en el ecosistema local como la afectación a los santuarios de tortugas.

Lo anterior, no es más que un síntoma de un problema con mayor profundidad: el deficiente ordenamiento territorial y ambiental de la zona costera oaxaqueña de Puerto Escondido. Este está provocando efectos perjudiciales a la fauna y flora endémicas, continuidad de un turismo insostenible, gentrificación, desigualdad social, disminución de reservas naturales, erosión del suelo, por mencionar los más relevantes. Esto, a su vez, se conecta con otros problemas ecosistémicos por los grandes proyectos inmobiliarios y turísticos en otras costas nacionales como Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco o Yucatán.

A raíz de esta situación, se iniciaron protestas y diálogos con las autoridades locales, encabezadas por SOS Puerto que, además del detenimiento de obras, solicitaron un proyecto de planeación para el ordenamiento territorial y medio ambiental en la región. Este debe tomar en cuenta la participación de activistas, expertos, académicos, asociaciones civiles, economías solidarias, prestadores de servicios, redes vecinales, empresarios y gobierno de los tres órdenes para construir por primera vez en el sur oaxaqueño, un instrumento de políticas desde la acción colectiva.

Esto ha puesto en jaque los límites gubernamentales y sociales: ¿hasta dónde participa cada orden de gobierno? ¿la normatividad para la planeación territorial considera este nivel e intensidad de participación y acción colectiva? ¿Tene la ciudadanía las capacidades y andamiaje institucional suficiente para co-crear y co-gobernar la planeación e implementación de políticas que atiendan las demandas populares complejas?

Actualmente, el movimiento realizó el primer foro-taller El Desarrollo de Puerto Escondido: Retos ambientales y sociales en donde se impulsará la construcción de una agenda colectiva que provoque un diálogo mayor con actores clave de gobierno y empresarios desde lo local, sin perder la conexión con otras latitudes del Sur-Global.
Lo que nos está enseñando esta emergencia colectiva es a poner en la mira los procesos de planeación y ejecución de políticas para resolver demandas populares a partir de los agentes transformadores. Por tanto, repensar los intrumentos, metodologías, normativas, financiamiento y seguimiento para la planeación territorial desde la acción colectiva, la movilización social, el contrapoder, la contra hegemonía de las políticas y la participación de todas y todos.

Eder J. Noda Ramírez es Doctor por la Universidad Iberoamericana y activista social en el sur de México.

Referencias
Laclau, E. (2005). La razón populista. México: FCE.

Artículo anteriorTres de Leila
Artículo siguienteLa Negra