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4T, pendientes y aclaraciones

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Bernardo Bátiz V. 

En la reunión del consejo de Morena del domingo 11 se tomó una importante decisión: se aprobaron reglas para que la elección de la persona que competirá por la Presidencia en 2024 sea equitativa y sin ventajas para nadie. Son, como se sabe, varios candidatos varones y una mujer, hay también mucho entusiasmo y confianza en que el proyecto Cuarta Transformación (4T) se consolide.

Las reglas son precisas: habrá un sorteo para elegir cuatro empresas encuestadoras propuestas por los participantes y una más de Morena; de ese modo, se evitarán polémicas y suspicacias, se mantendrá la unidad y quienes no resulten triunfadores no tendrán razón para romper su lealtad.

Se recordó que en una campaña presidencial importa la persona, candidata o candidato, pero más el programa. No solo la difusión de lo ya hecho, que es mucho: programas sociales, obra pública, combate a la inseguridad, una moneda sólida, recuperación del empleo, reconocimiento internacional y confianza del pueblo mexicano. También habrá que decir lo que se propone.

La campaña, que está a la vuelta de la esquina, no será fácil: ataques y calumnias no se han detenido y quienes perdieron privilegios o posiciones tratarán de recomponer su posición y, sin duda, contarán con recursos cuantiosos para tratar de frenar a Morena; hasta ahora no han logrado cambiar la preferencia de la mayoría del pueblo mexicano, pero harán todo lo posible por lograrlo.

En cuanto al proyecto, hay dos pendientes importantes para consolidar lo logrado: las bases están sentadas, pero faltan programas que profundicen el cambio. Pienso que los más importantes son la educación y un sistema económico alterno al neoliberalismo. También está el asunto de la justicia en el que tanto ha insistido el Presidente, señalando que el Poder Judicial requiere una reforma a fondo.

En cuanto al sistema educativo, llevamos en cinco años tres secretarios del ramo, un hombre y dos mujeres. Esto ha sido un obstáculo para consolidar a la Nueva Escuela Mexicana. Hay bases firmes y tanto la ahora gobernadora electa del Estado de México como la actual secretaria han hecho un encomiable trabajo para extender los principios básicos del proyecto: humanismo mexicano, lectura y escritura como apropiación de las culturas y consolidar a la escuela como una comunidad viva. Vamos bien, pero la pandemia impidió clases presenciales y los cambios en el mando han sido elementos retardatarios del programa. Los estudiantes, especialmente en educación básica, requieren recursos, escuelas dignas y bien equipadas, también que los docentes sean socialmente reconocidos como factor del cambio y tengan ingresos dignos para afrontar su vocación y rescatar a su sindicato del charrismo que no ha desaparecido del todo.

En economía, en mi opinión, se requieren alternativas al neoliberalismo y a la economía de mercado; pienso que se debe legislar para que los trabajadores tengan participación tanto en la propiedad como en la administración de las empresas; no es algo inusitado y, sin duda, será un paso hacia la justicia social. Tampoco hay que olvidar el fomento y apoyo a las empresas cooperativas, cajas de ahorro y préstamo de carácter popular y otras formas solidarias de organización social, de las que sigue siendo un ejemplo la Cooperativa Pascual.

En cuanto a la reforma del Poder Judicial, se requiere simplificar leyes farragosas y largos procedimientos; es importante recordar que las resoluciones de los jueces son resultado de un litigio en el que hay dos partes; la que gana el juicio y la que lo pierde; los perdedores son proclives a pensar que el juez “se vendió”, nadie piensa que no tenía razón o que no acreditó con pruebas su posición; consideran que perdieron, no por razones legales o de procedimiento, sino porque “el juez es corrupto”. Creo que los hay pero no son todos, y si hay alguno, para corromperlo está enfrente un despacho de litigantes, un coyote o un influyente que es su cómplice.

Por lo que toca a las críticas al Consejo de la Judicatura por supuesta pasividad ante resoluciones, real o aparentemente contrarias a la justicia, es necesario aclarar que esta institución no tiene injerencia en las cuestiones que resuelven los jueces, no puede intervenir en los procesos, ni en lo sustantivo, ni en lo procesal. Las resoluciones de los jueces las revisan los tribunales colegiados o la Suprema Corte, no el Consejo de la Judicatura.

El consejo administra recursos económicos, inmuebles, soporte técnico, personal o “recursos humanos” y cuida que no se violen las reglas administrativas, pero no tiene ninguna competencia relacionada con el sentido de las sentencias.

Quien considere que un juez vendió la justicia debe acreditarlo; esto lo puede hacer la Fiscalía o se puede averiguar a través del patrimonio del sospechoso y de sus allegados, o verificando si no hay congruencia entre ingresos y patrimonio, y si hay razón de sospecha, denunciar.

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