Por Víctor León Diez.
La manera de actuar de las instituciones de seguridad pública se ciñe a los recurrentes métodos policiacos, ya de perfil global. Donde destacan la agresividad y la violencia exacerbadas, violentando los derechos humanos día a día, sin importar si las o los ciudadanos son culpables de algún delito o simplemente estaban en el lugar y la hora equivocados.
Hay daños colaterales aceptados en la lógica de las instituciones policiales y militares, encargadas de la protección y seguridad ciudadana ante el embate de las organizaciones criminales; asimismo las instituciones de procuración de justicia asumen en su práctica cotidiana que los daños colaterales son inevitables, al no dar cauce a las denuncias que exigen una reparación del daño. A las fiscalías urge que llegue el nuevo poder judicial.
El pasado martes 19 de agosto, la Jornada Veracruz publicó una nota sobre un caso típico de lo que se considera daño colateral provocado por la Estrategia de Seguridad Pública que está llevando a cabo el gobierno del estado en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Integrantes de diversas corporaciones de seguridad irrumpieron violentamente en la casa de una familia de la ciudad de Las Choapas. Momentos de pánico y angustia vivió la familia Ventura Olán la noche del 17 de agosto.
Elementos de la Policía Estatal, Marina –Armada de México, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado llegaron a su casa, derribaron la puerta principal y causaron serios destrozos al mobiliario y enseres domésticos con la clásica y violenta forma de proceder de las policías del mundo y Veracruz no se queda atrás.
Sin mostrar una orden judicial, hombres armados y con el rostro cubierto, encañonaron a un chico de 13 años que se encontraba solo en la casa, tranquilo, esperando el regreso de sus padres que habían salido de compras. Podemos imaginar la aterradora impresión del muchacho, algo que lo marcará de por vida.
Lo esposaron y le cubrieron la cabeza. Lo interrogaron, seguramente con palabras altisonantes y amenazantes, sobre “la ubicación de las armas y la droga”, que de acuerdo a la información de la eficaz “inteligencia” policiaca presumían se hallaban en ese sitio.
Al ver al chico aterrado, confundido y desorientado se percataron de su error le retiraron las esposas y le descubrieron el rostro para que se comunicara con sus padres.
Cuando Eradio Ventura y su esposa Jovita Olán regresaron a su casa, la encontraron rodeada de policías y militares fuertemente armados, sin entender qué estaba sucediendo. Los jefes del operativo trataron de justificar su error diciéndoles que el “GPS los había enviado a ese domicilio”.
Una mujer perita de la Fiscalía, que participaba en el operativo “les ofreció una disculpa por lo sucedido”. Eradio preguntó indignado: ¿quién se va a hacer responsable de los daños ocasionados en mi casa?
Con profunda preocupación y temor por lo ocurrido Jovita señaló: “sentí mucho miedo por mi hijo que estaba solo y es muy doloroso ver tu casa destruida, saber que personas armadas entraron sin motivo, sin respeto a tu privacidad y sin hacer bien su trabajo”.
Para colofón, los oficiales al frente del operativo les habrían solicitado firmar un papel en blanco con la intención de evitar responsabilidades legales por los daños y el abuso cometido, lo que causó aún más indignación a la familia.
La situación se tornó más preocupante cuando acudieron a la Fiscalía en Las Choapas para interponer una denuncia formal por los hechos y, según relataron, no se les permitió levantarla, sin darles una explicación.
En redes sociales diversos ciudadanos han compartido testimonios sobre cateos similares en la ciudad de Las Choapas, lo que ha provocado alarma y críticas por la improvisación y falta de rigor en las investigaciones, que derivan en errores inadmisibles en estos operativos conjuntos que implementan las corporaciones policiacas, provocando pérdidas materiales y poniendo en peligro la vida de las y los ciudadanos.
Esta familia veracruzana hizo un llamado urgente a la gobernadora Rocío Nahle García y a la fiscal general del estado Verónica Hernández Giadáns, para que se investigue a fondo este caso y se sancione a los responsables.
“Esto no puede quedar impune, se trató de un error grave, de una violación a nuestros derechos como familia” afirmó Eradio Ventura para concluir preguntándose: “¿y si hubieran disparado, si mi hijo no hubiera salido con vida?” Sería una estadística más. Sería un daño colateral más, sin una respuesta, sin una explicación.
Al exponerle el caso a la gobernadora Rocío Nahle durante la rueda de prensa del pasado lunes, afirmó que giraría órdenes para que la familia Ventura Olán pueda presentar la denuncia en la Fiscalía de Coatzacoalcos y que se le pagarán los daños ocasionados por este error.
Le preguntamos también si consideraría una disculpa pública del gobierno del Estado para sentar un precedente y se evite este tipo de eventos traumáticos para las y los ciudadanos que ni la deben ni la temen.
Respondió que “se están llevando una serie de operativos contra la delincuencia, no tengo el dato de cuántos de ellos son positivos”. Un dato importante que seguramente revelará, en algún momento, el secretario de seguridad pública. Información que ayudará a tener claros los márgenes de error que provocan daños colaterales entre las y los ciudadanos honestos y trabajadores de Veracruz.
Una política de seguridad pública más responsable, ordenada y humanista en Veracruz también puede tener eco en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
