Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo que un juez de distrito con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, liberara una orden de aprehensión en contra de siete exservidores públicos de esta entidad, por su probable responsabilidad en el delito de peculado y quienes presuntamente efectuaron 17 transferencias irregulares por más de mil millones de pesos durante 2013.
Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales y Fernando Charleston Hernández, todos exfuncionarios de primer nivel en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz, así como Gabriel Deantes Ramos, exsubsecretario de Finanzas y Administración; José Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectores de Operación Financiera de Veracruz, son exservidores públicos a los que se les podría fincar responsabilidad por presuntos malos manejos del presupuesto, hace exactamente 10 años.
En un comunicado, se da a conocer que “esta Fiscalía, aportó los elementos necesarios para obtener dicho mandamiento judicial en contra de Tomás José “R”, Salvador “M”, Carlos “A”, Fernando “C”, Gabriel “D”, José Francisco “D” y Carolina “E”, quienes del 31 de enero al 19 de diciembre de 2013 probablemente transfirieron de manera irregular mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas abiertas por la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal, concentración de recursos que carecían de autorización para el manejo de los recursos públicos del Programa denominado Fondo de Aportación Múltiple”.
Por ello, advirtió que se continuará con el proceso correspondiente a fin de llevar a estas personas ante la justicia.
Juez federal determina no vincular a proceso a excoordinador de Sedesol
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, determinó no vincular a proceso a Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles. El Ministerio Público federal lo acusa de cometer el delito de ejercicio indebido del servicio público, por firmar un contrato con una Universidad Autónoma de Zacatecas por un monto superior a 55 millones de pesos.
Durante la continuación de la audiencia de imputación, el juez argumentó que hubo un cambio de nombre en la dependencia y que si bien de acuerdo con los registros de la entonces Sedesol se elaboró toda la documentación para que se hiciera este contrato y se otorgara de manera directa sin cumplir los procedimientos establecidos, en este caso, dijo que en la hoy Secretaría del Bienestar no se localizó el estudio de mercado ni la justificación para ese contrato.
Además de que pudieron haberse extraviado esos oficios, así como también lo que se refiere al estudio de mercado y se cambió el nombre de la dependencia o se transfirió a otro sitio como el Archivo General de la Nación, expuso que el MP federal no acreditó el elemento indebido y por ello decidió no vincularlo a proceso.
En la actualidad, De León Mojarro se encuentra recluido en el Reclusorio Sur por otra causa penal.
La semana pasada un juez federal lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos.
