ECP: Es Cosa Política
El reciente accidente ocurrido en Iztapalapa, donde una pipa de gas LP volcó, se incendió y provocó la muerte de varias personas además de dejar decenas de heridos y cuantiosos daños materiales, ha vuelto a recordarnos de la peor manera posible un problema que México arrastra desde hace décadas: la precariedad y el descuido con que se maneja un combustible tan peligroso como cotidiano. El dato de que el vehículo ni siquiera contaba con seguro vigente es más que un detalle administrativo, es la muestra de un sistema que funciona con omisiones, que tolera la negligencia y que convierte la vida de miles de personas en una ruleta rusa donde cualquier fuga, cualquier chispa o cualquier descuido puede traducirse en tragedia.
No se trata de un caso aislado, ni mucho menos. México tiene un historial trágico en materia de accidentes relacionados con gas y combustibles. El recuerdo de San Juanico en 1984 sigue siendo un referente doloroso: tanques de almacenamiento que explotaron, cientos de muertos, miles de heridos, barrios enteros arrasados por una cadena de deflagraciones que comenzó con una simple fuga. Décadas después, en 2013, un camión cisterna de gas explotó en Ecatepec y mató a 27 personas, destruyendo viviendas y autos a su paso. Más recientemente, la explosión en Tlahuelilpan en 2019, aunque vinculada al robo de combustible, mostró una vez más lo devastador que puede ser un estallido de hidrocarburos en medio de una comunidad: decenas de muertos, la mayoría campesinos, con quemaduras que desfiguraron vidas y familias. Estos episodios son parte de una larga lista de catástrofes que no han derivado en una política pública integral y coherente, sino en reacciones parciales que con el tiempo vuelven a quedar en el olvido.
Lo ocurrido en Iztapalapa condensa todas las fallas. Un transporte con casi 50 mil litros de gas LP circulando por una zona densamente poblada, debajo de un puente con tránsito constante, sin seguro, sin garantías mínimas de seguridad, representa el retrato de la negligencia estructural. Las normas existen, pero su cumplimiento es laxo, cuando no deliberadamente ignorado. Las autoridades revisan de forma superficial, las empresas buscan abaratar costos con vehículos viejos o sin mantenimiento y las aseguradoras cierran los ojos ante la falta de requisitos básicos. En medio, la ciudadanía vive y trabaja, confiando en que el azar o la buena suerte evitarán la catástrofe.
Lo más grave es que los accidentes con gas LP no sólo dejan muertos y heridos; arrasan viviendas, destruyen pequeños negocios, provocan desplazamientos forzados y sobrecargan hospitales que deben atender casos de quemaduras severas con recursos limitados. El costo social es altísimo y se mide no sólo en cifras económicas, sino en trauma psicológico, en desconfianza hacia las instituciones y en una sensación de abandono que cala hondo en las comunidades. Cuando una familia lo pierde todo por una explosión y descubre que el vehículo responsable no tenía seguro o que la empresa opera con papeles vencidos, se instala la percepción de que en México la impunidad es más fuerte que cualquier norma.
Lo peor es que los diagnósticos están hechos desde hace tiempo. Se sabe que la mayoría de los accidentes en viviendas y comercios ocurren por instalaciones defectuosas, por conexiones improvisadas, por tanques portátiles que no cumplen con estándares de calidad. Se sabe también que el transporte de gas en pipas tiene riesgos enormes, especialmente cuando se hace por calles estrechas, en mercados, en avenidas saturadas. Se sabe que los cuerpos de emergencia responden casi siempre de manera reactiva, sin una estrategia preventiva real ni protocolos de evacuación claros para la población. Sin embargo, la información, aunque disponible, rara vez se traduce en decisiones políticas de fondo.
México necesita con urgencia un cambio radical en la manera de tratar este tema. No se trata sólo de endurecer las leyes —que ya existen en papel—, sino de hacerlas cumplir con rigor, de realizar inspecciones frecuentes, de establecer sanciones ejemplares contra las empresas que operen sin seguro o con unidades en mal estado. Se trata de definir rutas de transporte seguras que eviten pasar por zonas densamente pobladas y de invertir en infraestructura para almacenamiento y distribución que minimice riesgos. Se trata también de impulsar una cultura de prevención que llegue al hogar, para que las familias conozcan cómo instalar y revisar sus tanques, cómo detectar fugas y cómo actuar en caso de emergencia. Todo esto requiere recursos, voluntad política y, sobre todo, un compromiso real con la seguridad de las personas.
La tragedia de Iztapalapa muestra la urgencia de actuar. No podemos seguir confiando en que “esta vez no pasará” mientras pipas circulan sin seguro ni mantenimiento, mientras miles de hogares tienen instalaciones defectuosas y mientras las autoridades se limitan a dar conferencias de prensa después de la catástrofe. Si no se rompe este ciclo de negligencia e improvisación, nuevas tragedias serán inevitables. Y cada explosión no será un accidente inevitable, sino el resultado previsible de un sistema que tolera la irresponsabilidad. México no puede resignarse a que la muerte por gas LP sea parte de su normalidad urbana. La seguridad de la gente no puede depender de la suerte, sino de políticas públicas firmes, de una supervisión real y de la decisión de poner la vida por encima de los intereses económicos de transportistas y distribuidores. Solo así podremos evitar que cada aniversario de San Juanico o cada nueva explosión nos recuerden que seguimos sin aprender la lección.
