La intervención estadounidense en Venezuela ha exhibido de forma cruda dos realidades que el discurso liberal occidental intenta ocultar desde hace décadas: la fragilidad del orden internacional y la arbitrariedad de un imperio en declive. No se trata de un hecho aislado. Es la continuación de una lógica que ya se mostró sin pudor al permitir, justificar y acuerpar al Estado de Israel frente al genocidio sistemático en Gaza, anulando cualquier principio efectivo de legalidad internacional y revelando el vaciamiento moral de las instituciones que dicen custodiarla.
Los órganos multilaterales, concebidos como contrapeso, hoy aparecen capturados, neutralizados o directamente irrelevantes frente a la voluntad de Washington. El Consejo de Seguridad, la ONU y buena parte del sistema internacional han quedado reducidos a una escenografía jurídica incapaz de frenar la fuerza cuando ésta decide imponerse. No es un fallo accidental del sistema: es su funcionamiento real cuando el poder hegemónico deja de necesitar reglas y opta por la imposición directa.
En este contexto, Donald Trump ha vuelto a decir en voz alta lo que durante años se expresó en clave diplomática. Tras la operación en Venezuela, mencionó a México como un país al que “hay que poner atención” y sobre el que “algo tendrá que hacerse”. El pretexto explícito ya no es la democracia, sino la seguridad: el tráfico de drogas y, en particular, el fentanilo. El mensaje es inequívoco: México entra en el radar discursivo de presión, no como socio soberano, sino como problema a administrar. En la gramática trumpista, ese lenguaje no es retórico: es preparatorio. Nada de esto es improvisado.
En 2023, la entonces comandante del Comando Sur, Gral. Laura Richardson, dijo sin ambages lo que Washington suele negar: a los gobiernos estadounidenses no les interesa la democracia ni los derechos humanos como fines en sí mismos, sino el control estratégico. Control sobre el petróleo, el litio, el oro y los minerales raros, insumos críticos para la transición energética, la industria militar y la competencia tecnológica global. En esa misma intervención, señaló explícitamente a Venezuela como uno de los territorios con mayores reservas estratégicas del planeta, tanto energéticas como minerales.
La campaña mediática, política y diplomática contra Nicolás Maduro no es un conflicto ideológico ni una cruzada moral. Su núcleo duro es absolutamente geoeconómico. Punto. La narrativa de “amenaza a la seguridad” y la ampliación del marco antidrogas funcionan como cobertura para una disputa por recursos estratégicos en un momento en que Estados Unidos pierde control sobre cadenas globales de suministro y posiciones clave del tablero energético y tecnológico.
Aquí es donde el fentanilo adquiere su verdadera función política. No como diagnóstico serio de corresponsabilidad, sino como coartada operativa. Permite militarizar el discurso, desplazar el debate desde la soberanía hacia la urgencia securitaria y normalizar la idea de acciones extraterritoriales. Bajo esa lógica, los países dejan de ser Estados con derechos y pasan a ser territorios de riesgo. El historial es conocido: la “guerra contra las drogas” como dispositivo de intervención flexible.
México ocupa en este escenario un lugar particularmente sensible. Por su posición geográfica, su peso económico, su rol logístico y su cercanía estructural con Estados Unidos se convierte en bisagra regional y, al mismo tiempo, en blanco de presión creciente. No hace falta una intervención militar abierta. Bastan la amenaza, el chantaje comercial, la securitización del discurso antidrogas y el desgaste mediático de la soberanía. Cuando un país es nombrado como “problema”, deja de ser interlocutor y pasa a ser expediente.
El riesgo para América Latina es doble. Por un lado, la normalización de la fuerza bajo el paraguas antidrogas, una narrativa históricamente funcional al control. Por otro, la fragmentación regional, que impide respuestas coordinadas y deja a cada país aislado frente a la presión asimétrica.
Cuando el imperio pierde capacidad de consenso, sustituye reglas por operativos y derecho internacional por decisiones unilaterales. La lección venezolana es clara: no está en juego la democracia, sino el control de los recursos y del territorio. Y la advertencia para México y la región es aún más precisa: el fentanilo no es la causa, es el pretexto. La soberanía, en este nuevo desorden, es el verdadero campo de disputa.
