Zongolica vuelve a estremecerse. El asesinato de Juan Carlos Mezhua, exalcalde y figura política de la sierra, confirma que gobernar un municipio en México es una profesión de alto riesgo, quizá la más peligrosa dentro de la estructura institucional. No es un hecho aislado ni excepcional: es la continuidad de un patrón que lleva años debilitando al Estado desde abajo, donde la democracia es más frágil y la violencia más cercana.
En Veracruz, los ataques contra presidentes municipales y exalcaldes se han vuelto una dolorosa reiteración. Ahí están los asesinatos de 2011, 2017, 2020 y 2023, con casos que marcaron a regiones completas: Ixhuatlán de Madero, Jamapa, Hidalgotitlán, Gutiérrez Zamora y Acayucan. Cada episodio dejó una estela de miedo y normalizó la idea de que el poder local está a merced de grupos armados que deciden quién puede gobernar y bajo qué condiciones. A nivel nacional, desde 2006 más de cien alcaldes, exalcaldes, síndicos, regidores y candidatos han sido asesinados. Algunos con motivaciones claras; otros, como advertencia territorial.
El patrón es evidente: donde el Estado es más débil, el crimen es más fuerte. Las causas estructurales de esta vulnerabilidad son profundas. La primera es la pobreza institucional. La mayoría de los municipios carece de una policía suficiente, profesional y equipada. En muchos casos dependen de fuerzas estatales o federales que tardan en llegar o simplemente no llegan. El alcalde vive desprotegido, se desplaza por carreteras rurales, supervisa obras sin escolta y convive a diario con personas que también tienen miedo. Esa exposición convierte el cargo en un blanco fácil.
La segunda causa es la disputa territorial. En regiones serranas o de difícil acceso, el control del espacio es también control económico. Tala ilegal, cobro de piso, tráfico de personas, minería irregular y rutas de droga forman un entramado donde el alcalde estorba si intenta ordenar, denunciar o romper acuerdos heredados. Matar a un presidente municipal equivale a recordar quién manda realmente en la zona.
La tercera es la corrupción histórica. Durante décadas, muchos municipios fueron gobernados por cacicazgos, partidos o grupos empresariales que pactaron con organizaciones criminales. Esos pactos no desaparecieron: se reciclaron. Cuando un alcalde intenta gobernar con otras reglas, se convierte en un riesgo para redes de poder oscuras que se sienten dueñas del territorio.
La cuarta es la impunidad estructural. La investigación de homicidios contra autoridades locales casi nunca avanza. Los peritajes llegan tarde, las carpetas se pierden y los responsables rara vez enfrentan consecuencias. La falta de castigo alimenta la repetición, y la repetición destruye la autoridad pública.
La quinta es la precariedad económica. Un municipio pobre no puede financiar seguridad digna, ni protocolos de protección, ni infraestructura que reduzca la vulnerabilidad. Sus policías ganan mal, sus patrullas fallan, sus funcionarios viajan en autos propios y sin medidas básicas. La desigualdad vuelve al poder local un territorio abierto para la violencia.
¿Es posible revertir esta debilidad sistémica? Sí, pero exige una reforma profunda. Primero: profesionalizar las policías municipales con financiamiento federal, capacitación real y supervisión externa que evite su captura por grupos criminales. Segundo: crear un sistema nacional de protección para autoridades locales, con protocolos obligatorios en zonas de riesgo y mecanismos de alerta temprana. Tercero: establecer unidades regionales de inteligencia territorial que identifiquen disputas, actores armados y patrones de agresión. Cuarto: reordenar las finanzas municipales para que los alcaldes no dependan de limosnas presupuestales y puedan construir capacidades institucionales. Quinto: fortalecer fiscalías especializadas en violencia contra autoridades, con autonomía operativa y recursos suficientes para evitar la impunidad.
El asesinato de Juan Carlos Mezhua no es una tragedia aislada: es un síntoma de un país donde la primera línea del Estado está desarmada. Mientras gobernar un municipio siga siendo un acto temerario, la democracia permanecerá sostenida por hilos delgados, expuesta al poder de quienes imponen la ley a balazos. Reconstruir el Estado desde abajo no es una opción: es la única vía para que gobernar deje de ser una sentencia y vuelva a ser un acto de servicio público.
