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Los tres rostros del poder: salud, justicia y miedo

La conferencia matutina de ayer 8 de octubre dejó entrever los tres frentes más sensibles del gobierno federal: el abasto de medicamentos, la reforma al amparo y la percepción de seguridad. Tres temas distintos, pero profundamente conectados por una misma pregunta: ¿puede un Estado reconstruir la confianza pública sin ceder al ruido mediático ni a los intereses corporativos que lo acosan desde dentro y fuera?

El primero, el abasto de medicamentos, es el espejo más inmediato del Estado de bienestar. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que aún hay deudas con farmacéuticas, pero aseguró que el abasto ronda el 90 por ciento en hospitales públicos y farmacias del sistema de salud federal. En los hechos, esa cifra significa un avance, pero también una deuda moral: un país no se mide por sus indicadores macroeconómicos, sino por la certeza de que un niño o un anciano no se quedarán sin medicinas porque un contrato no se firmó o porque un laboratorio prefirió especular.  

El reto no es sólo financiero, sino ético: construir una cadena de suministro pública, transparente y eficiente, que no dependa de los caprichos de las grandes distribuidoras. En eso, el gobierno ha dado pasos importantes, pero la confianza social solo se gana cuando el medicamento llega a tiempo y sin excusas.

El segundo tema —la reforma al amparo— es de mayor calado político. La mandataria reconoció que hubo “errores de redacción” en uno de los artículos transitorios, una admisión poco común que revela conciencia institucional. Pero detrás del debate jurídico hay algo más profundo: el viejo sistema judicial, moldeado por intereses económicos y políticos, no ha sabido conciliar la justicia con la equidad social. Durante décadas, el amparo se convirtió en el refugio de los poderosos para detener reformas fiscales, ambientales o laborales.  

Reformarlo no implica destruir el derecho a la defensa, sino devolverle su sentido: proteger al ciudadano común frente al abuso del poder, no blindar al poder económico frente al interés público. La discusión no debe quedarse en tecnicismos: se trata de definir sin ambigüedades si la ley será un instrumento de justicia social o un muro de privilegios.

El tercer eje —la percepción de seguridad— muestra la brecha entre la realidad y la narrativa. Los datos del Inegi y del Secretariado Ejecutivo indican una reducción en homicidios y delitos de alto impacto, pero la percepción ciudadana no sigue el mismo ritmo. Sheinbaum lo atribuyó al exceso de “nota roja” en medios, y en parte tiene razón: la industria del miedo vende más que las cifras del orden. Sin embargo, reducir el problema a un fenómeno mediático sería simplificarlo.  

La seguridad no sólo se mide en delitos, sino en la sensación de control, de cercanía con las autoridades y de confianza en la justicia. La violencia es también un estado emocional, una herida que tarda en cicatrizar incluso cuando los números mejoran.  

El desafío es doble: mantener la baja delictiva y, al mismo tiempo, reconstruir la confianza colectiva, y para eso los operativos y los informes mensuales no bastan; se requiere una pedagogía cívica que haga visible lo invisible: las calles que se recuperan, las colonias donde vuelve la vida pública, los barrios donde ya no se teme salir.

Abasto, justicia, seguridad. Tres pilares que resumen el esfuerzo de un gobierno por afirmar que el Estado no ha muerto. Frente al caos neoliberal que redujo al ciudadano a consumidor y al país a mercado, el proyecto 4T intenta restaurar la idea de comunidad.  

Pero para consolidarse necesita precisión, transparencia y sensibilidad. La salud no admite improvisación; la justicia no soporta opacidad; la seguridad no tolera propaganda.  

La mañanera de ayer, más que un informe, fue un mapa de los dilemas de la Cuarta Transformación en su versión Sheinbaum: garantizar el derecho a la vida, el derecho a la justicia y el derecho a vivir sin miedo. Ninguno de los tres se compra ni se decreta; se construyen día a día, con políticas públicas, con ética y con un Estado que asuma, sin evasivas, que el bienestar es el nuevo nombre de la soberanía.

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