La Fiscalía General del Estado de Veracruz creyó haber descubierto una modalidad inédita del terrorismo: la cobertura policiaca. No el coche bomba, no el comando armado, no la amenaza real que paraliza comunidades enteras, sino el periodista que la narra. En esta versión creativa del derecho penal, el problema ya no es la violencia, sino quien la cuenta; no el crimen, sino el espejo que lo refleja. Al parecer, el verdadero riesgo para la seguridad pública es la libreta y no el fusil.
El criterio con el que se acusó a un periodista veracruzano de terrorismo no se sostuvo en hechos materiales, sino en una pirueta conceptual digna de un manual de realismo mágico penal. Según la imputación, la difusión de información relacionada con hechos violentos podía generar temor social y, por lo tanto, producir el mismo efecto que el terrorismo. El salto es obsceno: de informar a aterrorizar; de narrar a delinquir; de periodista a enemigo público.
La fiscalía no acusó al comunicador de participar en actos violentos, de planear ataques, de coordinarse con grupos criminales ni de financiar estructuras delictivas. Nada de eso. Lo acusó, en los hechos, de provocar sensaciones. El delito no estaba en la acción, sino en la emoción ajena. Un derecho penal de susceptibilidades, donde la prueba es el nerviosismo y la imputación se construye con conjeturas.
Este razonamiento desplaza algo esencial: la responsabilidad del terror pasa del victimario al narrador. El terror ya no lo produce la ejecución, la balacera o la amenaza armada, sino la nota que da cuenta de ello. En ese mundo invertido, la política de seguridad consiste en callar a quien informa y dejar intacto a quien mata. No es una estrategia equivocada: es una renuncia abierta a enfrentar la realidad.
El juez que retiró el cargo de terrorismo no hizo ningún acto heroico. Simplemente recordó lo obvio: que el derecho penal exige hechos, dolo, medios y finalidades concretas. Que informar no es intimidar. Que describir la violencia no equivale a ejercerla. Que el Código Penal no es una herramienta para castigar narrativas incómodas cuando la realidad estorba.
Organizaciones como Artículo 19 advirtieron desde el inicio que el caso abría un precedente peligrosísimo. Si el criterio de la fiscalía se normaliza, cualquier periodista de la fuente policiaca puede ser acusado de terrorismo por hacer su trabajo. Bastará con que alguien, desde una oficina, declare sentirse alterado. El delito perfecto: indemostrable, discrecional y funcional al miedo.
Y aquí está el punto que no admite matices ni paciencia institucional. Aunque el cargo se haya caído, la señal ya fue enviada y es una señal gravísima. Una fiscalía que ensaya el delito de terrorismo contra un periodista no comete un error técnico: exhibe una pulsión autoritaria. Muestra que concibe la ley no como límite, sino como garrote; no como instrumento de justicia, sino de advertencia.
Durante años se habló en Veracruz de excesos, de fabricación de delitos, de uso político del aparato penal. Se prometió un viraje, una corrección, un cambio de fondo. Casos como este obligan a decirlo sin eufemismos: no vaya a ser que estemos saliendo de Guatemala para entrar a Guatepeor. Porque cuando una fiscalía se siente con derecho a llamar terrorismo al periodismo, no está rompiendo con el pasado, lo está perfeccionando.
Conviene decirlo con todas sus letras. Un Estado que teme más a los periodistas que a los criminales no protege a la sociedad: se protege de la verdad. Y cuando informar empieza a ser tratado como terrorismo, el verdadero terror ya no está en las calles, sino en las oficinas donde se decide que callar resulta más cómodo que impartir justicia.
Piedad.
