“… la condición contemporánea es el asedio al pensamiento, al trabajo crítico y a estos tiempos específicos, que son los tiempos del análisis, los tiempos de la creación conceptual, los tiempos de la reflexión sobre el contexto, la historia, la memoria, y el porvenir, que prácticamente aparecen hoy bajo una especie de sombra extraña.”
Raymundo Mier (QEPD)
A propósito de la reflexión que les compartí recientemente sobre la situación de crisis administrativa en la Universidad Veracruzana y sobre la cual casi todos los y las que han dicho y escrito algo, han centrado su atención -con un notable desparpajo- en el argumento leguleyo, el manejo de lo jurídicamente validado y sostenido por la legislación universitaria, centrada básicamente en temas de índole disciplinar y de acotamiento del control de la vida interna de la casa de estudios más importante del Estado de Veracruz.
Cuando uno reúne todo lo dicho, lo que se halla son repeticiones sobre el mismo tema: la violencia administrativa del actual rector sobre la Ley vigente, particularmente en la elección de rector. Hasta ahora, nadie ha mencionado algo sustantivo y estructural sobre la entidad universitaria en cuanto a su existencia actual, su función contemporánea, su descentramiento neoliberal, su responsabilidad social o su vínculo con el pensamiento crítico y su actualización con los saberes contemporáneos. Si bien eso tiene que formar parte del plan de trabajo de un o una candidata a rectoría, lo sintomático es que no se incluye en la argumentación contra una variante de reelección simulada.
Este descuido o indiferencia trasluce una posición claramente sostenida: en cuanto a lo académico y la función de transmisión de algún saber … estamos bien. No es necesario detenerse en ello, pues no hay motivo o justificación para hacerlo. Defendemos que, -como recién decía una exrectora en una entrevista: “nos sostenemos en una meritocracia” indiscutible, y de ahí para adelante… como si tal meritocracia fuera la garantía de un saber estar al día sobre el porvenir de la universidad contemporánea, administrar y saber gobernar democráticamente a las comunidades universitarias que en esta casa habitan.
Esta condición para el pensamiento crítico sobre el porvenir, la creación conceptual, el análisis de contexto y sobre todo la historia de lo universitario, se ve suplantada por una legislación, en la práctica, antidemocrática, o al menos orientada a destacar una democracia administrativa, siempre acomodada a esa meritocracia, incluida la sobrevaloración del juicio de una Junta de Gobierno creada para el control y evitar una democracia radical contextualizada que irrumpa e interpele todo el quehacer universitario desde lo académico, que es, a fin de cuentas, la funciones sustantivas de lo universitario.
Ante el conflicto de fuerzas de poder para hacerse del control administrativo, lo que se observa y se presenta es la indiferencia de los bloques académicos, el desconocimiento o indiferencia de los estudiantes y de la comunidad abierta (externa a la temática universitaria), su sorna y confirmación de juicios de sentido común, que regularmente sostienen, que algo anda mal en la Universidad.
¿Dónde está la protesta generalizada por la defensa y conocimiento de lo Universitario? Y en su caso, el reclamo de redefinición de sus funciones sustantivas de frente al porvenir que les ofrece?…
Parecería como si una especie de nihilismo se hubiera instalado ya en la comunidad estudiantil universitaria, misma que aguarda obtener una licencia para salir al mundo a ver qué sigue. Mientras, los bloques docentes, apoltronados en sus espacios de confort y los “éxitos” alcanzados en su recorrido meritocrático por el habitus universitario, justifican su indiferencia y el temor de que el pensamiento crítico en movimiento, genere un oleaje que los sumerja en la viscosidad del agar en que habitan, como personajes dantescos, ante la posibilidad de ser actores de un repensar y reconstruir el porvenir de la Universidad.
Lo único que queda a los aspirantes a la toma de poder es argumentar, desde la defensa de la Ley, de lo jurídico, esa narrativa que se distancia de lo real y de la justicia académica, una que debe cruzar, sin duda, el aula, el laboratorio, la didáctica, los saberes y el vínculo maestro-educando.
Ley y justicia, como en todos lados, recorren tramos históricos como en una vía de ferrocarril, sobre la cual los acontecimientos circulan, mientras ellas -y para este caso particular la Universidad como institución y acontecimiento-, jamás se juntan.
Tenemos enfrente entonces una batalla de supuesta democracia administrativa, no una lucha en el marco de la democracia académica, y así, los temas centrales para la universidad por venir son nuevamente pospuestos o ignorados.
El escenario se perfila como uno donde se desdibuja la meritocracia, una versión de lo democrático universitario, la autonomía obsequiada, la ley constituida, la moralidad simulada y la libertad condicionada, junto con los valores instrumentales que les sostienen. Pero ese intento de borramiento deja impune lo que hace que una universidad sea una Universidad del Siglo XXI.
Si la interpretación de prórroga que se sostiene se impone, y por sobre todo fortalece los autoritarismos sin escrúpulos, esperaremos con curiosidad morbosa, la respuesta de la amplia “comunidad” universitaria. Ello nos dará lugar y oportunidad a pensar la universidad con mejor posicionamiento y claridad de las opiniones que aquí se vierten. Igualmente vislumbra y deviene en escenarios de mayor compromiso y participación o, desafortunadamente, confirmación de lo hasta aquí identificado.
Pero si la prórroga se rinde y declina su necedad, muy posiblemente sea leída como un triunfo, un logro de la justicia y la dignidad universitaria, con los riesgos que trae todo triunfalismo narcisista… Y seguimos con más de lo mismo. A fin de cuentas el gran relato y su caída, como decía Lyotard, sigue su curso.
