Hay protestas legítimas en el campo mexicano. Y hay otras que son una caricatura grotesca de sí mismas. La que hoy protagonizan ciertos “productores agrícolas” en camionetas Lobo de más de un millón de pesos pertenece a la segunda categoría: un reality show sobre ruedas que intenta disfrazar privilegios como si fueran injusticias.
Las imágenes son contundentes: filas de pick-ups de lujo bloqueando carreteras, motores rugiendo a todo gasto, llantas 4×4 recién estrenadas, hombres con sombrero y lentes oscuros que se autoproclaman víctimas del Estado mientras estacionan su vehículo blindado sobre el asfalto. El mensaje que intentan vender es simple: “nos están quitando el agua”. Pero el mensaje que realmente transmiten es otro: “somos grandes acaparadores de concesiones y no queremos perder un centímetro de poder”.
Porque aquí está la primera falacia: no son pequeños productores. Ese discurso romántico es la envoltura emocional que buscan imponer. Pero un pequeño productor no compra camionetas de un millón y medio de pesos, no puede permitirse seis bloqueos al mes y no vive de concesiones heredadas como si fueran acciones bursátiles. Ese perfil corresponde al agro-empresario de élite, al que durante décadas ha recibido agua casi gratuita para mantener monocultivos intensivos que agotan acuíferos enteros.
La segunda falacia es aún más grave: pretenden que defender la transmisión privada de concesiones es defender al campo, cuando en realidad es defender un mercado negro disfrazado de tradición. La reforma busca impedir que el agua se venda como si fuera un bien mercantil adjunto a la tierra; ellos lo presentan como un atentado al modo de vida rural. No lo es. Es un intento mínimo, tardío y aún incompleto de poner orden en un sistema que convirtió el agua —un derecho humano— en un negocio hereditario.
La tercera falacia es la victimización selectiva: dicen que la reforma “los dejará sin producir”, pero callan lo más importante: gran parte de la crisis hídrica del país proviene precisamente del uso intensivo del agua por parte de estos mismos enclaves agrícolas de alto consumo, sistemas de riego sin tecnificación, pozos sobreexplotados y concesiones sobredimensionadas. No protestan para salvar al campo: protestan para salvar un modelo productivo insostenible que vive del subsidio hídrico que pagamos todos.
La cuarta falacia es moral: bloquear carreteras como método de presión, afectando comercio, salud, transporte y abasto, mientras presumen vehículos que cuestan lo que una familia tarda veinte años en ganar, es una forma de obscenidad política. No protestan desde la necesidad: protestan desde el privilegio. Y el privilegio cuando se degenera se vuelve chantaje.
Por último, la quinta falacia: la narrativa de que “el gobierno quiere dejarlos sin agua”. Falso. La crisis hídrica es real, los acuíferos están al límite y el país necesita reglas modernas. La reforma podrá no ser perfecta, pero pretende evitar justamente lo que ellos defienden: que el agua siga secuestrada por quienes tienen la capacidad económica de apropiársela.
Los pequeños productores, paradójicamente, serían los principales beneficiarios de un sistema donde el agua no sea patrimonio hereditario de unos cuantos. Los bloqueos en camionetas de lujo no representan al campo. Representan un sector minoritario acostumbrado a que el Estado nunca los toque, a que las reglas siempre se adapten a su beneficio y a que las carreteras sean su escenario de protesta preferido porque saben que ahí su poder visual pesa más que sus argumentos.
Si de verdad quisieran defender al campo, llegarían en tractores viejos, con manos agrietadas y con propuestas de tecnificación, captación de lluvia y manejo sustentable. No en caravanas blindadas que parecen más un desfile de poder económico que una protesta social.
Lo que está en disputa no es la reforma al agua. Lo que está en disputa es quién manda sobre un recurso que ya no alcanza: la nación o las élites agrícolas que hoy, desde camionetas de un millón de pesos, pretenden hacerse pasar por víctimas.
