ada asesinato, cada desaparición, cada denuncia por violencia familiar de una mujer nos recuerda que el problema no es aislado ni episódico. Es una herida abierta que atraviesa a la sociedad veracruzana por más de una década y que no admite simplificaciones.
Su escalada moderna puede ubicarse entre 2008 y 2016. En ese periodo el país entró en la espiral derivada de la estrategia de seguridad del calderonismo, una política de confrontación total que fragmentó organizaciones criminales y multiplicó la violencia territorial.
Veracruz, bajo el gobierno de Javier Duarte, sufrió un colapso institucional profundo. Entre 2011 y 2016 el estado se colocó entre los más violentos del país. Aumentaron los homicidios dolosos, se dispararon las desapariciones y comenzaron a registrarse patrones reiterados de asesinatos de mujeres. No era sólo violencia doméstica: era la convergencia de crimen organizado, trata, impunidad y corrupción policial.
En 2016 se activó la Alerta de Violencia de Género en varios municipios, reconocimiento oficial de una crisis estructural. Los gobiernos posteriores no partieron de cero. Recibieron fiscalías debilitadas, cuerpos policiales descompuestos y una sociedad habituada al miedo.
Hubo variaciones en cifras, algunos descensos en determinados años, pero la violencia contra las mujeres dejó de ser un pico excepcional para convertirse en constante. Esa es la herencia que reciben los gobiernos de la Cuarta Transformación. No una estadística circunstancial, sino una dinámica arraigada durante el ciclo neoliberal, cuando la seguridad pública se subordinó a cálculos políticos y la corrupción permitió la penetración criminal en instituciones completas.
La administración de Rocío Nahle no enfrenta el origen del fenómeno; enfrenta su continuidad. Se trata de una distorsión incubada en el debilitamiento del Estado, en la captura institucional y en la descomposición de los mecanismos básicos de protección social.
La violencia contra las mujeres quedó atrapada en esa fractura estructural y sus efectos no desaparecen con cambios de administración. Veracruz vive con una violencia heredada, estructural.
Su explicación histórica importa, porque sin memoria cualquier discusión pública se vuelve consigna.
