La reacción del Frente Nacional por la Familia frente a la iniciativa de Morena para despenalizar la eutanasia en México no es un desacuerdo ético aislado: es la expresión de un pensamiento conservador religioso que históricamente ha buscado subordinar la ley civil a sus dogmas. Un reflejo que se repite cada vez que la sociedad intenta ampliar derechos y reconocer la pluralidad moral de un país que, aunque mayoritariamente creyente, es constitucionalmente laico.
Conviene recordar de qué trata la propuesta. No se plantea una eutanasia indiscriminada ni un desprecio por la vida humana. Se propone abrir un marco legal excepcional, regulado y estrictamente vigilado para casos extremos: enfermedades terminales, diagnósticos irreversibles, sufrimientos prolongados e insoportables, o sobrevivencias asistidas que solo alargan la agonía. Es una discusión sobre límites, sobre autonomía, sobre dignidad en el final de la vida, no sobre la banalización de la muerte.
El discurso conservador recurre al atajo moral: equiparar la eutanasia con el homicidio y envolver esa afirmación en la noción abstracta de la “ley de Dios”. Ese razonamiento elude una pregunta incómoda: qué dignidad hay en obligar a una persona a vivir conectada a máquinas, sometida a dolores constantes, sin posibilidad real de mejoría, cuando el propio Estado es incapaz de garantizar cuidados paliativos suficientes. Admitir que no hay recursos para aliviar el dolor y, aun así, exigir que el enfermo continúe sufriendo no es una defensa de la vida; es la imposición del padecimiento como mandato moral.
El problema de fondo no es religioso, sino político. Las religiosidades conservadoras no se conforman con vivir conforme a sus creencias; pretenden que esas creencias se conviertan en norma obligatoria para toda la sociedad. Así ocurrió con la minifalda, presentada como símbolo de decadencia moral; con las pastillas anticonceptivas, condenadas por “atentar contra la naturaleza”; con el divorcio, visto como una amenaza al orden social; con la educación sexual, acusada de corromper a la juventud; y con el aborto, reducido sin matices a un crimen, ignorando contextos, violencias y realidades médicas. En todos los casos, el tiempo mostró que no se trataba de defender valores universales, sino de preservar mecanismos de control sobre los cuerpos y las decisiones individuales.
La oposición a la eutanasia responde a la misma lógica. No se acepta que una persona, en pleno uso de su conciencia, decida sobre su propio final. Se privilegia una idea de vida sacralizada incluso cuando ha sido vaciada de bienestar, voluntad y horizonte. El sufrimiento, en esta visión, no es un problema por resolver, sino una prueba que debe aceptarse, aun cuando no sea compartida por quien la padece.
Un Estado democrático no está obligado a legislar conforme a una teología específica. Su responsabilidad es garantizar derechos, proteger libertades y administrar la convivencia entre distintas concepciones morales. Quien, por convicción religiosa, rechace la eutanasia, es libre de no recurrir a ella. Lo que resulta inadmisible es que esa convicción se use para negar a otros la posibilidad de elegir, especialmente cuando la elección se da en condiciones extremas de dolor y finitud.
La iniciativa de Morena abre una discusión que el pensamiento conservador religioso intenta clausurar de antemano: cómo acompañar la vida cuando ya no hay cura, cómo respetar la voluntad del paciente, cómo evitar que la ley se convierta en una prolongación del dogma. Resistirse a esa discusión no es una postura ética elevada; es una negativa a reconocer la complejidad del sufrimiento humano y la diversidad moral de la sociedad mexicana.
Defender la vida no puede significar imponer el dolor. Y defender la dignidad no puede reducirse a repetir consignas religiosas en un país donde la ley, no la fe, debe ser el punto de encuentro común.
