Marco Vinicio Saldaña Valero
La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el nueve de enero se reúne con los consejeros del INE.
Esta reunión se realiza para abordar la reducción al presupuesto asignado al órgano electoral, que tendrá como eventos fundamentales en el presente año las elecciones municipales en Durango y Veracruz. También tratará el Proceso Electoral Judicial, recientemente aprobado en las Cámaras federales y en la mayoría de las locales, que deriva en la elección de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Magistraturas de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistraturas de Circuito y Personas Juzgadoras de Distrito.
Cabe destacar que el INE es una institución que, más allá del asunto financiero que hoy ha generado divergencias con el Poder Ejecutivo y la mayoría relativa del Poder Legislativo, en el pasado reciente tuvo conflictos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En ese periodo, su Presidente y un grupo de consejeros se aliaron con partidos de oposición y el Poder Judicial para desarticular reformas que incidían, entre otros aspectos, en la estructura administrativa del órgano autónomo.
Algunos sectores defienden el modelo actual argumentando que las reformas previas fueron respaldadas por la izquierda, pero otros sostienen que el modelo debe cambiar para adaptarse a las circunstancias actuales. El consenso para un nuevo modelo debe incluir una visión de Estado y evitar resultados facciosos.
Andrés Manuel López Obrador afirmó en su momento que combatiría y eliminaría prácticas antidemocráticas. Sin embargo, el diseño institucional debe priorizar la rendición de cuentas y la transparencia como derechos irrevocables, asegurando que el poder emane del mandato ciudadano.
El conflicto entre el gobierno, el INE y los poderes Legislativo y Ejecutivo persiste, evidenciando la partidización del órgano electoral. El ajuste presupuestal aprobado por el INE ha sido señalado como desigual, dejando intactas cuotas de poder y privilegios.
La primera elección de ministros de la Corte, magistrados y jueces se celebrará en un clima de restricciones presupuestarias, afectando principios como certeza, legalidad e imparcialidad. La reducción de casillas a centros de votación y la disminución de sitios de sufragio son criticadas por su impacto en la accesibilidad, especialmente en zonas rurales.
El consejero Uuc-kib Espadas Ancona argumentó que, a pesar del recorte, el INE trabaja para garantizar el derecho al voto. Sin embargo, resaltó la necesidad de campañas de publicidad extraordinarias para informar sobre el proceso electoral y asegurar que la elección sea transparente y democrática.
La máxima publicidad del proceso es clave para evitar que intereses clientelares desdibujen el propósito democrático. Es esencial que el aparato judicial salga fortalecido tras las elecciones del primero de junio, marcando un avance en la gobernanza democrática.
Finalmente, la Presidenta de la República debe garantizar que el ejercicio electoral sea un reflejo de la voluntad popular movilizada, asegurando un proceso democrático intachable.
