Por Arturo Méndez
El 4 de agosto de 2025 se publicó el decreto mediante el cual se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el propósito de analizar y formular propuestas orientadas a la transformación del sistema electoral mexicano. El 17 de febrero de 2026 se entregó a la titular del Poder Ejecutivo una primera versión del proyecto y, posteriormente, el 25 de febrero del mismo año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó formalmente la iniciativa de reforma electoral que será remitida al Congreso de la Unión.
La propuesta se articula en cuatro ejes estratégicos y diez pilares operativos. Los ejes centrales consisten en: modificar la integración del Congreso para que todos los legisladores cuenten con un respaldo directo de la ciudadanía; reducir el costo del sistema electoral; fortalecer los mecanismos de fiscalización del sistema político; y ampliar los instrumentos de democracia directa, como el referéndum, el plebiscito y la consulta popular en los ámbitos estatal y municipal.
De estos ejes se desprenden los diez pilares operativos: la integración del Congreso de la Unión; la reducción del costo de las elecciones; el fortalecimiento de la fiscalización; el voto de los mexicanos residentes en el extranjero; la regulación del tiempo en radio y televisión; el uso de inteligencia artificial en la propaganda política; los cómputos distritales; la democracia participativa; la prohibición del nepotismo; y la eliminación de la reelección legislativa.
La reforma electoral 2026 se presenta, así, como un ejercicio de ingeniería constitucional orientado a fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público y reconfigurar el vínculo entre ciudadanía y representación política. Su coherencia interna descansa en la centralidad otorgada al voto directo como fuente primordial —y prácticamente exclusiva— de legitimidad.
Bajo esta lógica, el modelo propuesto desplaza parcialmente el énfasis tradicional de la “representación de partido” hacia una “representación de candidatos con respaldo electoral comprobado”. Esta reorientación busca fortalecer el vínculo entre elector y representante, al tiempo que redefine el equilibrio entre los principios de mayoría relativa y representación proporcional.
En el caso de la Cámara de Diputados, se mantendría la integración numérica de 500 legisladores: 300 electos por mayoría relativa (MR) en distritos uninominales y 200 por representación proporcional (RP). No obstante, la reforma introduce modificaciones sustantivas en el mecanismo de asignación de estas últimas.
Las 200 diputaciones de representación proporcional se distribuirían de la siguiente manera: 97 escaños para candidaturas que, sin haber obtenido el triunfo en su distrito, hayan alcanzado los mejores resultados relativos dentro de su partido (el modelo de “mejores perdedores” o primera minoría distrital interna); 95 escaños asignados por circunscripción plurinominal mediante votación directa por partido, garantizando la paridad de género; y 8 escaños reservados para ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
Este rediseño busca trasladar el peso decisorio desde las listas cerradas definidas por las dirigencias partidistas hacia el desempeño electoral individual de los candidatos. Con ello, se pretende incentivar la competitividad territorial, fortalecer la legitimidad de origen de los legisladores y ampliar la inclusión política —particularmente de la diáspora— sin abandonar el esquema mixto que combina mayoría y proporcionalidad.
Sin embargo, este cambio introduce tensiones relevantes. Aunque la representación proporcional se mantiene formalmente, su acceso queda condicionado a un desempeño territorial competitivo, lo que podría favorecer a partidos con mayor estructura nacional y capacidad de movilización, al tiempo que eleva las barreras de entrada para fuerzas políticas con apoyos dispersos o concentrados en nichos específicos.
La modificación más profunda se propone para la Cámara de Senadores.
Actualmente integrada por 128 escaños —64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional—, la reforma plantea reducir su tamaño a 96 integrantes mediante la eliminación de las senadurías de lista nacional. La nueva composición quedaría conformada por 64 senadurías de mayoría relativa (dos por entidad federativa) y 32 de primera minoría (una por entidad).
La supresión de la representación proporcional transforma el carácter del Senado, que pasaría a ser una cámara estrictamente territorial. Este rediseño refuerza su perfil federalista al circunscribir la representación exclusivamente al ámbito estatal; sin embargo, también reduce el pluralismo político derivado de la proporcionalidad y limita una vía tradicional de acceso para partidos de menor tamaño.
En adelante, la obtención de escaños en la Cámara Alta dependería exclusivamente de triunfos de mayoría relativa o de la primera minoría en cada entidad federativa. Ello favorecería a fuerzas políticas con alta concentración territorial del voto y podría incentivar la formación de coaliciones estratégicas entre partidos como mecanismo de supervivencia electoral.
En suma, la propuesta de reforma electoral constituye un esfuerzo ambicioso por reconfigurar el sistema electoral mexicano bajo los principios de austeridad, simplificación institucional y reordenamiento de la representación política. Su énfasis en el voto directo y en el desempeño territorial de los candidatos busca fortalecer la legitimidad democrática y generar mayorías legislativas más estables.
No obstante, estos objetivos conllevan costos políticos relevantes. La eliminación de la representación proporcional en el Senado y su redefinición en la Cámara de Diputados reducen los márgenes de inclusión para partidos de menor tamaño, que históricamente han dependido de las listas nacionales para asegurar presencia legislativa, visibilidad y capacidad de negociación. En este sentido, la reforma tiende a consolidar un Congreso más competitivo y territorializado, pero potencialmente menos plural en términos partidistas.
La viabilidad política del proyecto, por tanto, resulta particularmente compleja. Es previsible una resistencia significativa por parte de la oposición y de las fuerzas políticas minoritarias, que perciben en la iniciativa no solo una racionalización del sistema electoral, sino una redefinición del equilibrio democrático con efectos distributivos claramente asimétricos.
